“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que heredamos, que me parece es la misma vaina que el DAS, es un invento que hay que examinar siempre (…) Se dirigieron fue a perseguir a la oposición política, a la prensa libre, a la justicia y nosotros tenemos que hacer una ruptura porque para eso no es la inteligencia del Estado”. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente Gustavo Petro 17 días después de llegar a Casa de Nariño, en un acto en el que estaba nombrando a varios de sus alfiles.Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI. Foto:Archivo particular“La inteligencia de Estado es para resguardar la soberanía de los peligros que pueda tener, los derechos y las libertades de la ciudadanía y hoy, quiero decirlo públicamente, el objetivo de la inteligencia, de la comunidad de inteligencia del Estado, es perseguir la corrupción”, agregó.Su discurso resuena a nueve meses de que expire su gobierno, cuando las dudas sobre las actividades de la DNI –que se creó hace 12 años para no repetir la oscura historia que llevó a la liquidación del DAS– y de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) –que tiene acceso a todas las operaciones financieras–, han revivido el fantasma del uso de la inteligencia del Estado con fines diferentes a los de proteger al país de amenazas internas y externas y los de golpear las platas de la corrupción y del lavado de activos.Todo esto en medio de la disparada del poder de los grupos armados y de la revelación de la posible infiltración de las disidencias de alias Calarcá en la DNI y en el Ejército.El viernes, en una alocución, el propio presidente Petro insistió en su versión de que la filtración de la información de los computadores de ese jefe criminal –incautados en junio de 2024, durante su fugaz captura en vías de Antioquia– supuestamente tiene fines electorales. Y planteó de nuevo la existencia de una guerra interna en la Fuerza Pública que, dice, estaría encaminada a golpear la política de depuración.Pero, ante la gravedad de los hechos denunciados, la Procuraduría suspendió esta semana al general Juan Miguel Huertas, retirado en 2021 por el gobierno Duque tras alertas de la CIA sobre posibles nexos con grupos ilegales en Arauca, y reintegrado por el gobierno Petro en agosto pasado.La medida también cobija al subdirector de Inteligencia de la DNI, Wílmar Mejía, un enigmático profesor de educación física que representa al presidente Petro en la Universidad de Antioquia y, a la vez, se mueve en el mundo del espionaje con tanto poder, incluso, que admitió que fue él quien recomendó el reintegro del general Huertas.¿Pacto de no agresión?Los dos serán investigados también por la Fiscalía, que revisa por qué, a pesar de que los computadores y las USB de ‘Calarcá’ están en manos de una de sus delegadas y de la Dijín de la Policía desde hace casi 18 meses, nadie alertó sobre las evidencias de la infiltración y el poder de las disidencias reveladas hace una semana por Noticias Caracol.Los posibles contactos de ‘Calarcá’ con oficiales del Ejército y la inteligencia más cercana al presidente Petro plantean nuevas dudas sobre la polémica política de ‘paz total’.Calarcá’ ha sido, de lejos, el capo de las disidencias más beneficiado por las negociaciones a pesar de ser el amo de la extorsión en Antioquia y los Llanos Orientales y de que sus hombres estuvieron detrás del mayor golpe contra la Fuerza Pública en lo que va de este gobierno: el asesinato de 13 policías tras el derribamiento de un helicóptero en Amalfi.Jorge Lemus, director de la DNI Foto:Ovidio Gonzalez S / PresidenciaLo que plantean sus comunicaciones es la existencia de un pacto de no agresión con algunos oficiales del Ejército y la entrega de información de operaciones reservadas en su contra. El episodio parece una réplica de lo que pasó con el DAS y los paramilitares hace dos décadas.A esto se suman las revelaciones de EL TIEMPO sobre el uso de la Uiaf para ‘chequear’ a decenas de personas por instrucciones venidas de Ecopetrol. Declaraciones de exfuncionarios del propio Gobierno –como Isaac Beltrán, asesor especial de la Unidad–, hablan incluso de que esa agencia estaría siendo usada de manera ilegal en medio del complejo panorama electoral del 2026.Y el Presidente ya habló de extorsiones en esa agencia con la venta de informes.Desde el primer momento de su gobierno, el mandatario puso las dos entidades en manos de exguerrilleros del M-19, el mismo grupo en el que militó hasta su reinserción en 1990.Por la DNI pasó el prófugo Carlos Ramón González, que ocupó la Dirección antes de pedir protección en Nicaragua y después de participar en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La sombra del dictador Daniel Ortega sobre el hombre que manejó y conoce los secretos de la inteligencia estratégica del Estado es uno de los temas que preocupan no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos.González salió incluso a negar que la DNI estuviera ‘chuzando’ comunicaciones de magistrados de la Corte Constitucional, justo en uno de los momentos de mayor tensión con el Ejecutivo. El ahora prófugo fue reemplazado por otro ex-M19, Jorge Lemus, que hoy cumple la doble función de cabeza de la Uiaf y la DNI.Lo que llama la atención es que ni esa entidad ni las inteligencias de la Policía o de las Fuerzas Militares detectaron y alertaron sobre las dos amenazas contra la seguridad nacional que se materializaron este 2025. El primero fue el movimiento de centenares de guerrilleros del Eln desde los Llanos hasta Norte de Santander, vía Venezuela, donde perpetraron la matanza de al menos 130 personas y provocaron el mayor desplazamiento forzado de las últimas décadas, que afectó al menos a 60 mil campesinos y llevó a la declaración de conmoción interior.Tampoco vieron venir la amenaza que se concretó en junio pasado con el atentado que le costó la vida al senador opositor Miguel Uribe Turbay: el regreso de los magnicidios políticos, que no se veían en Colombia desde 1995. Y hasta ahora, ninguna agencia ha podido obtener la información definitiva para sacar de carrera al capo ‘Iván Mordisco’, otro criminal crecido gracias a la ‘paz total’ y hoy por hoy el principal enemigo público del país.Mientras tanto, esfuerzos y recursos de varias de esas entidades han estado dirigidos a tratar de comprobar una historia que, dicen fuentes bien enteradas, es casi una obsesión para el Presidente: los supuestos seguimientos ilegales contra su campaña política en el 2022, un tema que claramente es del resorte de las autoridades judiciales y sobre el que no existen evidencias sólidas más allá de las versiones del mismo Petro y sus alfiles.El presidente Gustavo Petro. Foto:Archivo particularEn esa narrativa se inscribió la inédita filtración del Presidente, además en alocución televisada, de un informe reservado de la Uiaf sobre la compra del programa espía Pegasus, en septiembre del año pasado. El país completa más de un año sancionado por la comunidad de inteligencia financiera internacional (representada por el Grupo Egmont), mientras la versión terminó desvirtuada por la explicación de los Estados Unidos sobre la entrega controlada de esa herramienta a Colombia para la lucha contra el crimen y la certificación sobre su uso. La Fiscalía no ha encontrado hasta ahora ningún indicio de seguimientos a la campaña de Petro, pero la filtración sigue afectando la efectividad de la lucha contra el lavado de activos en el país. Y el director de la Uiaf que permitió la revelación de un informe de inteligencia financiera reservado, Luis Eduardo Llinás, pasó a la Dian, de donde salió hace unas semanas sin muchas explicaciones. Llinás es muy cercano a Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, y en su momento lo fue a Olmedo López, el condenado exdirector de la UNGRD.Entre tanto, en la Policía, como en el Ejército, se habla de una ‘cacería de brujas’ dirigida desde la DNI para tratar de encontrar, especialmente en el rango de mayores y coroneles, a oficiales dispuestos a testificar sobre la existencia de los supuestos seguimientos ilegales contra el jefe de Estado. La ‘descabezada’ de decenas de curtidos generales es, según fuentes militares y policiales, una pieza inicial de ese rompecabezas. Se habla de ofrecimientos y presiones para tratar de obtener algún tipo de incriminación en contra del general (r) Jorge Luis Vargas, uno de los policías más experimentados en el arma de inteligencia en Colombia y director de la institución en el gobierno Duque.Y señalan a algunos oficiales que han sido reincorporados por orden del Presidente. En el caso de Huertas, el mandatario lo defiende como uno de sus adalides en una supuesta cruzada contra la corrupción en el Ejército. Fuentes consultadas señalaron que, desde esa posición, el comando de Personal, el hoy suspendido general, tenía incidencia en ascensos y retiros.Desde la Fundación Ideas para la Paz se advierte de las consecuencias del deterioro de la inteligencia colombiana, que hasta no hace poco era considerada como un referente en el hemisferio. La politización de la DNI y el deterioro de la doctrina conjunta (la cooperación entre agencias) están pasando factura. Hoy, la FIP identifica una disminución en misiones coordinadas y en el flujo de información interinstitucional, lo que reduce la capacidad para producir la llamada inteligencia convergente. Más grave aún, lo que parece estarse dando, como lo sugirió el presidente Petro el viernes, es una ‘guerra’ entre las inteligencias del Estado en la que, advierten todos los analistas, los únicos que ganan son los delincuentes.Procuraduría suspende al general Huertas y a Wilmar Mejía por presunta infiltración de disidencias. Foto:ArchivoEl otro episodio que está aún por aclarar es el trasfondo que hay detrás de un audio que EL TIEMPO reveló, en el que quedarían en evidencia presiones a uniformados para ascenderlos a cambio de salpicar a antiguos y actuales superiores.La versión de coronelesEl alto Gobierno confirmó la existencia de la grabación, pero negó que la voz que se escucha en el fragmento conocido sea la de Wílmar Mejía. De hecho, el propio Mejía, quien en entrevistas a medios admitió haber sido informante antes de llegar a la DNI, ratificó que no era su voz. No obstante, admitió que, aunque las labores de inteligencia solo consistían en entregar información recogida legalmente para que el Gobierno tome decisiones, había recomendado el reintegro del general Huertas.Sobre el asunto del audio, fuentes de la DNI le dijeron a EL TIEMPO, y así se lo ratificaron al Presidente en una reunión privada del pasado jueves, que el que habla en la grabación es un sujeto al que conocen como ‘Yonatan Sánchez’. Además, que ya saben que su interlocutor es un destacado coronel de inteligencia de la Policía que participó en la captura de alias Otoniel –cabecilla del ‘clan del Golfo’– y que ahora está asignado al departamento del Meta, donde operan las estructuras ‘Marco Aurelio Buendía’, ‘John Linares’ y la columna móvil ‘Isaías Carvajal’ de las disidencias de alias Calarcá. LEA TAMBIÉN Y agregaron que están seguros de que se trata de un montaje de miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) contra el Presidente y la comunidad de inteligencia.Lo que no encaja es que en la DNI aseguran que quien citó a Yonatan Sánchez fue el oficial, pero en el audio completo el propio Sánchez menciona a un tercero que aparece con varios ingresos a Casa de Nariño y a la DNI. Sobre ese tema, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le confirmó a EL TIEMPO que conoce desde hace más de 2 meses las denuncias sobre las supuestas presiones a coroneles –que los uniformados llaman chantaje– y que pidió que se activaran protocolos para determinar la veracidad de las mismas, así como las versiones según las cuales los señalamientos eran falsos.Mientras se conocen los resultados de esas investigaciones de las que habla el ministro Sánchez –quien ordenó reintegrar al coronel que habla en el audio– uniformados aseguran que están dispuestos a aportar nuevas grabaciones y fotos en donde se ve a Yonatan Sánchez, en compañía de miembros de esquemas de seguridad de altos funcionarios del Gobierno. Además, aseguran que como parte de esas presiones se han registrado varios traslados tras la llegada a la dirección de la Policía del general William Rincón. El general Rincón niega los supuestos traslados-castigo, aunque admitió que hay algunos movimientos necesarios para cumplir las estrategias de la Policía.Ecopetrol y la UiafEl otro episodio en el que el Presidente ha salido a terciar está relacionado con un convenio que EL TIEMPO reveló entre Ecopetrol y la Uiaf. El punto de partida fue la presencia en una mesa de trabajo de Ricardo Roa con el hasta hace unos días agente especial de la Uiaf, Isaac Beltrán Pacheco, el mismo que asegura haber viajado a España a una misión ordenada por el presidente para hablar con Diego Marín, alias Papá Pitufo.Rafael Guzmán, potencial cabeza de Permian, indagado por la Uiaf; y Ricardo Roa. Foto:EL TIEMPOEL TIEMPO y el periodista Daniel Coronell revelaron evidencia que señala que, tanto a través de ese convenio como internamente, se había ordenado chequear a varios miembros de la junta directiva, empresas, proveedores y ejecutivos de filiales. La petrolera asegura que el convenio es legal y está sustentado en normas vigentes y en misionalidades tanto de Ecopetrol como de la Uiaf. Este diario estableció que altos funcionarios de la petrolera han estado contactando a algunas de las personas que aparecen en los listados, diciendo que es falso que hayan sido rastreados financieramente, a pesar de que hay correos, listados y documentos con el membrete de Ecopetrol que muestran lo contrario. De hecho, en un reciente post del presidente Petro, el mandatario señaló que el funcionario que aparece con un supuesto incremento patrimonial injustificado debe salir de la petrolera, “pero debe haber investigación en la Fiscalía”.Y de paso, aseguró que funcionarios de la Uiaf y exfuncionarios de la Procuraduría se “coaligaron en una asociación para delinquir con el fin de extorsionar a personas cuyos datos son sospechosos, en vez de enviar las informaciones a la Fiscalía. Les cobraban gruesas sumas de dinero por su silencio”.La Fiscalía de Camargo, que hasta ahora ha ido rezagada frente a los escándalos ligados a la inteligencia oficial, tiene ahora la palabra.‘La situación es más grave que con el extinto DAS’: Hugo AceroCómo afecta la salida de oficiales expertos en inteligencia en un escenario con actores criminales cada vez más fragmentados? El retiro de más de 70 generales, un grupo numeroso de coroneles y el traslado de expertos en inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía no solo debilitó el mando y operatividad de estas fuerzas, sino que dejó sin experiencia y control las unidades de inteligencia, que son fundamentales en la lucha contra los grupos armados ilegales y, en general, contra las organizaciones del crimen organizado. Esto sin contar el desmantelamiento e instrumentalización de las agencias como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), puestas hoy a disposición de los intereses electorales del Gobierno.¿De qué manera las tensiones diplomáticas con aliados estratégicos como EE. UU. e Israel pueden traducirse en vulnerabilidades frente a economías ilegales? Hoy, las organizaciones criminales nacionales y transnacionales que operan en el país tienen muchos más recursos y acceso a tecnología de última generación que las instituciones de seguridad y justicia del Estado. Esta situación se ha agravado mucho más con el deterioro de las relaciones con los países aliados en materia de inteligencia, investigación criminal, equipos y apoyo logístico que se traía desde hace muchos años con los EE. UU., Rusia, Israel, Reino Unido y otros países europeos. Todas estas falencias ponen a las instalaciones estratégicas del Estado y del sector privado en alto riesgo.¿Qué similitudes hay entre la actual situación de la DNI y la crisis que llevó a la desaparición del DAS? Estamos en la misma situación y diría que más grave si se tiene en cuenta la descarada participación del Gobierno en el proceso electoral y donde la inteligencia de seguridad y financiera puede ser utilizada para incidir en los resultadoJuan Manuel Galán habla de su candidatura Foto: