La Contraloría detectó un boquete de posibles pérdidas de recursos públicos en la Agencia de Renovación del Territorio. El lío apunta a fallas en la supervisión de los contratos de interventoría de los operadores del Pnis (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), uno de los programas bandera de la política de drogas del presidente Gustavo Petro.En una auditoría de cumplimiento, con corte a junio de 2024, se señalaron deficiencias en la administración y ejecución de dineros públicos que abrieron la puerta a facturaciones de obras no entregadas.Colombia tiene, según la última medición, 253.000 hectáreas de coca. Foto:Foto:Raúl Arboleda- AFPAdemás, la Contraloría alertó sobre debilidades en la estructuración y verificación de proyectos sin garantizar servicios públicos, así como una baja ejecución presupuestal, coordinación y articulación interinstitucional, que terminó frenando el avance de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).En total, se contabilizaron 12 hallazgos, dos con incidencia fiscal por más de 1.900 millones de pesos, uno con solicitud de indagación preliminar, seis con presunta incidencia disciplinaria y uno para apertura de proceso administrativo sancionatorio.La irregularidad de mayor cuantía se evidenció en el pago de la interventoría del contrato 371 de 2022, suscrito el 6 de mayo de ese año con DCO Ingeniería & Servicios S.A.S con dineros del Fondo Colombia en Paz, para “controlar, inspeccionar, vigilar y supervisar la ejecución de los componentes de intervención del PNIS para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de seguridad alimentaria y proyectos productivos sostenibles”.Se trata de un posible detrimento por 1.618 millones, que surgió porque se aprobó pagarle a la interventoría más de lo que realmente se había ejecutado. En otras palabras, se reconoció un pago total que no coincidía con el avance real del plan de obras de los operadores del PNIS, que era la misión para la cual había sido contratada. Y para la Contraloría esta responsabilidad recae en el administrador del gasto, es decir, la Agencia de Renovación del Territorio. Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El TiempoEntre los demás hallazgos sobre su gestión fiscal, la entidad concluyó que la Agencia “no mostró resultados conforme a los criterios establecidos en la muestra auditada”.“La Contraloría identificó falencias en la supervisión y seguimiento de los pagos en los contratos de interventoría y en la estructuración de los diseños por parte de los contratistas implementadores. Los aspectos técnicos auditados generan cuestionamientos de fondo: desde la planeación hasta la calidad y cantidad de las obras recibidas, además de la baja ejecución presupuestal de las subcuentas PDET y Sustitución y el atraso en la implementación de las iniciativas”, señala la auditoría.Por esa razón, emitió un concepto de “incumplimiento material adverso”, considerando los hallazgos determinados y su materialidad cualitativa definida en la fase de planeación.Entre las fallas de los proyectos revisados se destacan aspectos técnicos, contractuales, ambientales y financieros, evidenciadas en la verificación documental y en las visitas de campo.”En materia de ejecución presupuestal, se presentaron debilidades en la gestión de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como entidad ejecutora de la Subcuenta Sustitución: la estructuración, presentación y ejecución de proyectos no se realizaron de manera oportuna ante el Fondo Colombia en Paz, generando una baja ejecución de los recursos asignados”, agrega el ente de control. Claudia López habla de la entrega de firmas Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia