La fiscal general, Luz Adriana Camargo, en entrevista con EL TIEMPO, habla de las líneas rojas que está trazando la institución en relación con los grupos criminales que están en diálogos con el Gobierno, y señala la necesidad de que se evalúe en qué casos se está ante organizaciones con verdadera voluntad de paz.Camargo revela que una orden de captura de alias Calarcá, el jefe de las disidencias de las Farc que mantiene su accionar criminal en plena negociación con la administración del presidente Petro, es una posibilidad latente. Sostiene que sus actuaciones han demostrado su independencia frente al gobierno que la ternó, y expresa su clara molestia frente a los mensajes del mandatario sobre el papel y la labor de la Fiscalía.Esta semana el presidente Petro le lanzó duras frases a través de su cuenta de X, y usted le respondió de manera firme. ¿Qué espera del Presidente en su relación con la Fiscalía y con usted?Lo que espero es que el Presidente entienda que la Fiscalía es una entidad que trabaja 24/7, día a día, toda la semana. A mí me sorprende que el Presidente a veces tiene salidas como la de que ‘voy a pedirle ayuda a la Fiscalía para que revise el tema de ‘Iván Mordisco’. No. Nosotros venimos revisando el tema, que no es un tema sino que es una organización armada ilegal que afecta a buena parte de los territorios más violentos del país, y lo venimos haciendo de manera organizada, desde el día uno de mi llegada, y lo venían haciendo antes de mi llegada. Es como una ausencia de reconocimiento de que aquí todos los días estamos trabajando.¿Un mensaje de esa naturaleza afecta la labor de la Fiscalía?Yo no creo que le afecte. A mí particularmente me parece desmotivante, una falta de conexión con respecto al trabajo de la Fiscalía, que es un gran trabajo, es muy importante y nutrido. Si usted revisa, todas las mañanas nosotros ponemos la parrilla de noticias de todo lo que está haciendo en todo el país la Fiscalía. Uno queda sorprendido con cosas como las que el Presidente pidió hace pocos días, una invitación a la Corte Penal Internacional para que se investigue a ‘Mordisco’. Una solicitud que es absolutamente contraevidente, cuando esta Fiscalía acaba de obtener una orden de captura contra él y 13 de los principales integrantes de su disidencia por genocidio en el Cauca. Y cuando hoy ese grupo armado no tiene una sino muchas investigaciones andando en la Fiscalía. De hecho, hay dos condenas contra él. Entonces, no solo es la Fiscalía: es la justicia penal que tiene un trabajo muy arduo y muy importante, que parece ser desconocido por el Presidente.Uno queda sorprendido con cosas como las que el Presidente pidió hace pocos días, una invitación a la Corte Penal Internacional para que se investigue a ‘Mordisco’. Una solicitud que es absolutamente contraevidente.luz adriana camargoFiscal general de la NaciónLuz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto:Mauricio Moreno/El TiempoEn su momento, el Presidente lanzó múltiples hipótesis sobre una investigación que la Fiscalía ha llevado de manera muy juiciosa: la del magnicidio de Miguel Uribe. ¿Qué percepción tiene hoy, después de todo lo que ha pasado, en relación con el caso?Cuando eso sucedió estábamos haciendo la visita a la Seccional de la Fiscalía del Cesar. Tuve que ausentarme un buen rato de la visita para poder entender qué estaba pasando, porque estábamos haciendo coordinaciones desde allá y veníamos trabajando desde la hora cero de ese magnicidio para reconstruir el cómo, cuándo y dónde, que fue nuestra primera actividad. La verdad es que esas hipótesis que lanzaba el Presidente y esos mensajes eran muy descomedidos respecto del rol que cumple la Fiscalía. La mayor virtud que tiene la Fiscalía es que goza de autonomía y de independencia, que hace parte de la Rama Judicial, y eso le da un carácter distinto a las fiscalías del mundo, no es una dependencia del Ejecutivo. Entonces, cuando el Presidente suelta frases como ‘pedí a la fiscal que esté atenta de tal caso’, pues no es una forma adecuada de enviar ningún mensaje. Aún si hubiese sido verdad que en algún momento él llamara la atención nuestra sobre algún tema que tiene que atenderse o que no se está atendiendo debidamente, como lo podrían hacer perfectamente el presidente del Congreso o la Corte Suprema. Hay un cierto tono en esos pronunciamientos que no es agradable, que no se compadece con la forma en que nos desempeñamos.Fiscal, ¿cuál es la posición de la Fiscalía frente al proyecto de sometimiento de bandas?Como lo ha dicho muy firmemente la Sala Penal de la Corte Suprema, ese proyecto tiene un problema básico porque se presentó sin ninguna socialización hacia las entidades que estábamos llamadas a aplicarlo, y eso es absolutamente inadecuado en el trámite de un marco legal de semejante relevancia. Normalmente lo que suele hacerse en un proyecto de esa naturaleza son mesas de trabajo, explicarles al propio Congreso y a los jueces de qué se trata la iniciativa. Eso no sucedió con el marco jurídico para la paz que presentó el entonces ministro Montealegre. Lo dijo en su momento la presidenta de la Sala Penal, la doctora Myriam Ávila, que se sintió sorprendida, un poco asaltada, porque efectivamente eso no se ha socializado con la Corte. Una segunda observación tiene que ver con el contenido. En su momento se lo dijimos al ministro Montealegre: ese proyecto sigue girando sobre una idea que es muy básica, y es que en temas de desmonte de organizaciones armadas ilegales pareciera bastarles con que hagamos el desmonte del componente armado. Lo que se olvida, y que para nosotros es clave, es que los grupos armados están constituidos sobre una serie de negocios y economías ilícitas, que son la razón de ser que gobierna su existencia. Un grupo como el ‘clan del Golfo’ o las disidencias de la de las Farc, cualquiera de ellas, o el mismo Eln, no se explica sino a partir del negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, de ese relacionamiento en territorios complejos y apartados. Entonces, una ley que pretende el desmonte de esas organizaciones no puede no abordar cómo se desmontan la parte financiera, las rutas; quiénes son los componentes del Estado que cooperan con esas organizaciones, para que no se repita lo que hemos visto, que es frustrante. Una puerta giratoria donde se entrega un grupo con un nombre y a los meses o al año tenemos a los mismos integrantes con otro nombre pero con el mismo negocio. Este ejercicio se nos vuelve una puerta giratoria de soluciones de paz que en realidad terminan siendo frustración para la Nación.El presidente Gustavo Petro. Foto:PresidenciaEs muy importante que esa percepción suya la conozca el país. ¿Qué esperaría entonces que pase con ese proyecto?No quiero hacer futurología, no me corresponde. Pero creería que el proyecto tiene muy poca probabilidad de ser aprobado, con toda sinceridad. No tiene el respaldo de las entidades del sector justicia. No tiene una estructura que aborde todos los temas que tiene que abordar juiciosamente un marco jurídico para lograr el desmonte de las actuales organizaciones armadas ilegales y las estructuras armadas organizadas de alto impacto.Eso nos pone en un dilema: ¿qué va a pasar con las conversaciones que sigue abriendo el Gobierno? Acaba de anunciar acercamientos con bandas criminales como ‘la Inmaculada’, ‘los Costeños’, ‘los Pepes’…Lo que suele suceder en esos procesos es que el componente de justicia viene tras los acuerdos. No es algo inusual. Quiero recordar lo que pasó con la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Firman el acuerdo en noviembre de 2016 y el marco jurídico, que es la JEP, se viene a aprobar a principios de 2018 (…) Es lo que suele pasar en todos los procesos de desmonte de este tipo de organizaciones y procesos de paz. Esa podría ser la vía que se tome en estas conversaciones. Pero el tema que el Gobierno debería considerar es si en realidad estamos ante grupos armados con verdadera voluntad de paz; es el tema de fondo que gravita ahí. Creo que lo que ha conocido el país en el caso de ‘Calarcá’ es una realidad que dista mucho de un grupo que tenga una voluntad real de paz.En el momento de la detención de la caravana de ‘Calarcá’, en julio del 2024, usted tomó la decisión que las capturas en flagrancia de negociadores iban en contra de un proceso de paz. ¿Hoy cree que debe seguir en vigencia esa idea?Desde lo que sucedió con la caravana del 23 de julio en adelante ya empieza a generarse una serie de cambios y de líneas rojas sobre cómo transcurren las conversaciones. Digamos que lo que sucede el 23 de julio a nosotros nos explota en la cara. Era un tema que no se había considerado hasta el momento. ¿Qué pasaba con la flagrancia? ¿Qué pasaba si encontrábamos a representantes negociadores de estas organizaciones armadas cometiendo delitos? Ese es un tema que yo particularmente tengo que decidir en una noche. La caravana está detenida en Anorí, se trata de seis vehículos. No todos de los que integran la caravana hacen parte de las negociaciones. Había personas que no tenían ningún requerimiento judicial. Respecto de los que no tenían suspensión de órdenes de captura, efectivamente la fiscal les hace efectiva una captura en flagrancia y adelanta una imputación. ‘Calarcá’ particularmente no es sorprendido con armas; él va en su vehículo de la UNP con su esposa. En el bolso de la esposa se encuentra un revólver, un proveedor, unos cartuchos, dinero en efectivo, un montón de teléfonos, discos duros y memorias. En estricto sentido, ‘Calarcá’ no es capturado, no hay un requerimiento para que sea capturado en ese momento. La discusión es sobre otros tres integrantes de esa caravana. Las comunicaciones que yo emito esa noche dirigidas a la fiscal de Medellín son para que tenga respaldo (…) La discusión era: ‘¿cómo no procedo si tengo personas que tienen armas?’ Entonces le mando un oficio sobre esas tres personas que no son ‘Calarcá’. Y le digo, mediante una resolución, que este despacho suspendió las órdenes de captura presentes y futuras que puedan presentarse contra esta persona, ‘Calarcá’, porque es parte de la mesa de negociación y por este motivo no puede ser capturada. Esas otras tres personas se presentaron ante un juez y se imputó a los que no tenían suspensión de orden de captura. Posteriormente se conoció que en esa misma caravana había un menor de edad, y se ha dicho que esa presencia revelaba que había sido objeto de un reclutamiento ilícito. Pero eso es tan no evidente que la propia fiscal del caso no imputa esa conducta (…) No entra en el radar el tema del reclutamiento por una razón: porque eso requiere más investigación. A mí no me basta encontrar a un menor en un carro para decir que hay reclutamiento. Yo tendría que empezar a averiguar esa persona es hija de quién, por qué está en ese vehículo, con autorización de quién, haciendo qué, si fue reclutado efectivamente… Todas esas cosas que no pasan ahí y no se pueden evaluar (…) Ese reclutamiento no existe ahí, en ese escenario de la caravana. Y tampoco existe una decisión mía de dejar en libertad a ‘Calarcá’, como se ha mencionado. Eso no sucedió, porque tampoco fue objeto de una acción de aprehensión en ese momento.Alias Calarcá y el presidente Gustavo Petro. Foto:ArchivoUn año y medio después, ¿qué piensa? No hay claridad sobre los ceses del fuego, sobre muchas cosas que no dependen de la Fiscalía, pero a la Fiscalía le compete tomar ciertas decisiones…Básicamente ese tema del 23 de julio nos enciende las alarmas de la dificultad que tiene hacer operativa esa parte de la ley de ‘paz total’: cómo un fiscal o un miembro de la fuerza pública se entera de que hay una suspensión, cómo la aplica. Y pasan varias cosas. Primero, viene por fortuna la emisión de la sentencia de constitucionalidad. Esa sentencia es muy importante porque aborda el tema de la suspensión, pero hace una serie de claridades que la misma ley no trae. La Corte dice que cualquier decisión de una naturaleza como suspender la privación de la libertad tiene que hacerse evaluando no solo lo que dice la ley, que es muy pobre, sino que tienen que evaluarse los actos de voluntad de paz que ofrece el grupo. Se tiene que verificar que además de que la persona sí es miembro representante, que era lo básico que traía la ley, haya gestos que indiquen que ha empezado un verdadero proceso de diálogo. Y esa ventana que nos abre la Corte Constitucional nos permite, después del 30 de agosto de 2024, marcar dos líneas rojas. Una primera línea roja fue producto de unas mesas de trabajo que tuvimos con la oficina del Comisionado de Paz: establecimos que en los casos de capturas en flagrancia por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no operaría la suspensión de órdenes de captura. ¿Cuál fue la reflexión que hicimos? ¿Qué pasa si el 23 de julio, dentro de esa caravana, hay, por ejemplo, un secuestrado? ¿O qué pasa si encontramos que hay armas prohibidas en la guerra, o un cadáver? Es decir, ¿cómo decimos: ‘no, aquí no ha pasado nada, la orden de captura está suspendida, por favor, señores, sigan’?. Sabíamos que eso no era sensato. Entonces ahí ponemos una primera línea roja, y a partir de ahí, las resoluciones de suspensión de órdenes de captura que emite la Fiscalía traen esa salvedad. La otra línea roja que nosotros pusimos tiene que ver con las órdenes de captura con fines de extradición. Cuando evaluamos la sentencia de constitucionalidad sobre el marco de suspensión de órdenes de captura, que es la parte que compete a Fiscalía, encontramos que está limitada al ámbito de las capturas nacionales, pero no a las capturas con fines de extradición.¿Cuándo se puso esa línea roja?Ahí mismo. En ese mismo momento empezamos a decir que no opera ni para casos de flagrancia por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra y secuestro, y agregamos el tema de las órdenes de captura con fines de extradición, que son dos líneas rojas muy importantes y que empiezan a marcar también una postura de la Fiscalía frente a lo que puede y no puede pasar. Y hay una tercera que es aún más importante.Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo¿Cuál es, Fiscal?Sucede después del 15 de enero de 2025, cuando el país amanece con la grave noticia de que el Eln, que estaba en una mesa de diálogo, arremete en el Catatumbo contra la población civil, causa uno de los mayores desplazamientos de los últimos tiempos, comete una serie de asesinatos selectivos, muchos de ellos contra firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales, población civil, que son personas protegidas en el marco de hostigamientos y confrontaciones (…) Personas que hacen parte del ‘frente 33’ de las Farc también fueron objeto de esas acciones del Eln (…) En ese momento empezamos inmediatamente las investigaciones: con muchísimas dificultades, porque allá había enfrentamientos armados y había una situación terrible de violación de derechos humanos. Nos comunicamos en su momento con la oficina del comisionado, algo muy parecido a lo que pasa ahora con ‘Calarcá’, y estábamos esperando una reacción. Pero pasa una semana y esa reacción no llega. Entonces se expidió una resolución oficiosa, que es de mi parte, donde yo revoco la suspensión de las órdenes de captura, precisamente con apoyo en ese llamado que hizo la Corte Constitucional respecto de lo que es la voluntad de paz, y cómo acciones como la que adelantaba el Eln, pues no se compadecían de ninguna manera.La revoca sin tener que consultar al Ejecutivo…No consulto con el Ejecutivo.¿Y eso puede volver a pasar si usted considera que en algún otro proceso de paz no hay voluntad?Sí, señor.¿Va a pasar con ‘Calarcá’ tras la revelación de Noticias Caracol?Cuando recién sucedió lo de ‘Calarcá’ dije en rueda de prensa que esperaba que el Gobierno se pronunciara sobre el tema. Que yo entendía que el balón estaba en la cancha del Gobierno, porque nosotros no suspendemos órdenes de captura por voluntad nuestra, sino que las suspendemos a solicitud del Presidente de la República, que ha designado como vocero o representante a alguien. Él debería ser quien evalúa esa situación. Pero si eso no sucede, muy probablemente esa es una decisión que nosotros vayamos a tomar.¿Pero va a tomar la decisión, ya que el Gobierno no le ha respondido?Yo no había tenido reuniones con la oficina del Comisionado en estos días. También hay que decir que estuve por fuera ocho días en una reunión en La Haya. Este jueves tuve reunión con un representante de la Oficina del Comisionado. Le expuse cuál era nuestra postura como Fiscalía, lo grave que nos parecía el contenido de la información que ha venido circulando y lo que eso dice de la voluntad de paz de esa facción de las disidencias. El delegado quedó en transmitirle esto directamente a Otty Patiño, para lo que ellos deban realizar. Pero lo que yo quiero decir es que como pasó en enero, si esto no sucede, muy probablemente seamos nosotros los que tomemos la iniciativa, porque sí creemos que esto debe tener una consecuencia, necesariamente. Ciertamente quiero señalar que si ustedes me preguntan a mí si prefiero la paz o la guerra, pues yo prefiero la paz como cualquier ciudadano. Pero esto tiene que estar rodeado en verdad de unos procesos serios, sólidos, organizados. Eso es lo que tiene que evaluar el Gobierno en este momento.Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:Ernesto Guzmán/EfeA nivel general, ¿le preocupa como se ha manejado la ‘paz total’?A mí me preocupa el tiempo que le resta al Gobierno y lo que puede significar para la Fiscalía que queden abiertas mesas de diálogo sin alguien que lidere el proceso, y con compromisos, si se llegan a adquirir, bilaterales. Yo tengo que decir que hay cosas que el país pareciera no conocer, como lo que está pasando en Tumaco, Putumayo o en buena parte de Nariño, donde la violencia ha tenido un desescalamiento a niveles no vistos. Tumaco siendo tan pequeño pasó de ser la ciudad que ocupaba el segundo lugar en índice de homicidios a no tener homicidios o a tener muy pocos en el último tiempo. Igual sucede en la región del Bajo Putumayo, que es donde operan las disidencias: efectivamente ha habido un desescalamiento importante de la violencia, lo que está atado a esos diálogos o negociaciones. Eso es una buena noticia para esas regiones, claro, desconocerlo sería necio. Ahora, ¿cómo logramos que eso en verdad se mantenga a través de un proceso serio y estable? Es la gran disyuntiva en la que está el país, y la preocupación mía es que eso termine sin un orden en la casa y que termine la Fiscalía un poco encartada con personas respecto de las cuales se han hecho compromisos en términos de justicia que no se pueden hacer, porque como lo hablábamos no hay en este momento un marco jurídico.El miércoles precisamente, raíz de la reunión que teníamos en la Corte Suprema, algún magistrado hacía una reflexión de cómo tal vez (la captura en flagrancia) no debiera limitarse solo a crímenes de guerra, y me parece que es sensato, que tal vez deberíamos extenderlo a cualquier delitoluz adriana camargoFiscal general de la NaciónFiscal, ¿qué siente y qué responde cuando una parte del país y algunas voces dicen: lo que pasa es que hemos visto aquí la actuación de una Fiscalía que es muy cercana al Gobierno y eso explica cosas como las demoras en el caso de ‘Calarcá’.La Fiscalía no es un actor en los diálogos de paz. La Fiscalía no puede, y no le corresponde, salir a defender o atacar las mesas de diálogo, o enseñar cuál es la agenda, o esto que estoy contando –porque se me pregunta- de que sí ha habido un desescalamiento de las violencia. Eso a nosotros nos pone en un papel difícil. Nosotros participamos en lo que tiene que ver con la suspensión de las órdenes de captura, que son necesarias para que las mesas puedan avanzar, con las líneas rojas que hemos puesto. El miércoles precisamente, a raíz de la reunión que teníamos en la Corte Suprema, algún magistrado hacía una reflexión de cómo tal vez (la captura en flagrancia) no debiera limitarse solo a crímenes de guerra, y me parece que es sensato, que tal vez deberíamos extenderlo a cualquier delito. Es algo que el jueves discutimos con el equipo que trabaja conmigo; es algo que tiene que ver con la voluntad de paz que se demuestra, porque es cierto que las organizaciones armadas ilegales no suspenden sus actividades entre tanto se adelantan los diálogos, pero los que sí tienen que suspender sus actividades ilegales son los voceros representantes, que son miembros de esas organizaciones, independientemente si el delito es o no es de lesa humanidad. Entonces sí, probablemente vayamos a hacer esa modificación. Dirán quienes piensan como usted lo mencionaba en su pregunta, que es algo tardío, pero la verdad es que no es un proceso pacífico ni fácil llegar a cómo debe aplicarse una ley tan compleja. La Ley 2272 no es una ley de un gobierno, es una ley de la República, es una ley que no tiene un marco temporal. No fue diseñada para cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, él termina su mandato y esa ley va a seguir siendo ley, y es posible que algún presidente quiera utilizar ese marco legal, y debe ser un marco que lo tengamos muy bien decantado. A hoy yo creo que está mucho más decantado. Yo entiendo también las preocupaciones de ese sector que usted menciona, y también entiendo que hay una narrativa que asume que como a mí me ternó el Presidente, yo soy una fiscal del Presidente. A mí me ternó un Presidente porque ese es el sistema que está establecido para designar fiscal general, pero yo quiero recordar que el Presidente no ternó a tres amigas o a tres personas de su partido político. La verdad es que él ternó a tres mujeres que no conocía, a tres mujeres cuya trayectoria es una trayectoria en el poder judicial. Yo no tengo ninguna cercanía ni la tuve con el proyecto político del Presidente, tampoco soy una militante política porque soy una funcionaria judicial. Eso no es muy fácil de entender y la gente piensa que no es cierto, que es mentira. La verdad, más que molestarme, comprendo que hay cosas que a las personas no les caben en la cabeza, como eso de que se nos ternó sin habernos conocido.Yo no tengo ninguna cercanía ni la tuve con el proyecto político del Presidente, tampoco soy una militante política porque soy una funcionaria judicial.luz adriana camargoFiscal general de la NaciónHay un caso que es delicado, y que alimenta precisamente ese tipo de comentarios. Es el de Nicolás Petro. ¿Hoy cómo está ese proceso?Sobre ese caso ha habido más mito que realidad. En el momento en que me posesiono, Nicolás Petro ya había sido acusado ante un juez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Eso qué significa? Que una vez presentada la acusación, la Fiscalía deja de ser la directora de la investigación. El director es el juez. Nosotros, Fiscalía, ¿qué pasamos a ser? Sujetos procesales. No tomamos decisiones, las toma el juez. Esa es la realidad en la que yo encuentro el caso. Se menciona que hubo un acercamiento para efectos de una negociación. Es cierto, la defensa pidió recién posesionados una reunión para que se discutiera una posible negociación, pero eso nunca llegó a feliz término; no se habló nunca de un principio de oportunidad. Se estaba hablando de una sentencia preacordada, que era una rebaja de pena a cambio de una aceptación de responsabilidad, pero tampoco hay consenso porque las aspiraciones de la defensa distaban mucho de la propuesta de la Fiscalía. Entonces, ese capítulo de la negociación se cerró ya hace rato. Concluimos nuestra participación como sujeto procesal en la presentación de las pruebas para juicio. ¿Qué sigue? El juicio oral, que es donde se practican las pruebas y donde después el juez define la decisión que deba adoptar en la sentencia. El inicio de la audiencia cierra la posibilidad de negociación. Es tremendamente paradójico que a nosotros se nos censure y se nos diga que engavetamos, que archivamos, que no movimos el caso de Nicolás Petro, porque yo vuelvo e insisto, es que eso no nos correspondía a nosotros porque ya hubo acusación. También se dijo que habíamos querido mover al fiscal, que era el doctor Mario Burgos, en realidad el fiscal quedó impedido porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló cargos contra él. Por eso se designó otra fiscal, a través del sistema de reparto para evitar que se tuviera la sospecha de que se estaba designando a un fiscal amigo, a dedo. Se buscó obrar de la manera más imparcial posible para brindar la transparencia que debe ofrecer la Fiscalía en este caso.Nicolás Petro. Foto:JESUS RICO / APF¿Su relación con Estados Unidos está bien?Mi relación con Estados Unidos está muy bien.¿Por qué entonces la insinuación del Presidente sobre su supuesto temor de entrar a la Lista Clinton?No tengo la menor idea, la verdad yo no sé. No he tenido el tiempo que he estado acá dificultades con los EE.UU.: trabajamos con seis agencias temas muy importantes y muy delicados. Trabajamos muy bien con el Departamento de Justicia, que es nuestro par. Tenemos unas muy buenas relaciones no solo en términos de la ayuda en lo que tiene que ver con los grupos transnacionales para extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, que normalmente es por delitos de narcotráfico, sino que hemos empezado a trabajar de otra manera con las autoridades judiciales de Estados Unidos en temas tan importantes como lavado de activos. Es nuestra otra priorización importante, que tiene que ver con las finanzas criminales, pero con un enfoque y con un abordaje distinto, con un abordaje mucho más estructural, no haciendo solo la persecución de las rentas criminales, porque cuando perseguimos solo rentas criminales, pues se nos fue todo el negocio ilícito. Hemos tenido casos muy importantes en narcotráfico y lavado de activos, como el de Arauca y el Eln.Usted dice que trabaja con Estados Unidos, pero ante esta crisis diplomática que se ha desatado, ¿le han expresado la tranquilidad de que no será incluida en ninguna lista?El mensaje de nuestros pares del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido el mismo siempre. Tenemos una relación antigua entre el Departamento de Justicia, la Fiscalía General y la Policía de Colombia, que es tan importante en las labores de persecución del crimen transnacional. La crisis que menciona no se ha sentido en la Fiscalía. Yo no he tenido una crisis con las autoridades de justicia norteamericanas. El miércoles tuve la visita del encargado de negocios, que está como embajador encargado, y del delegado del Departamento de Justicia que está en Bogotá, que es nuestro par, en una cita que se había acordado hacía 10 días. Fue un saludo navideño, un agradecimiento del embajador muy lindo por el trabajo que realizamos. Pero no solo lo tenemos con ellos, porque ahí quiero mencionar lo del viaje a La Haya. Este fue un viaje muy importante.Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo¿Qué pasó en La Haya, Fiscal?Nosotros nos relacionamos con varios países de la Unión Europea que se agrupan en una organización que se llama Eurojust. Esta reúne a un fiscal de cada Estado de la Unión Europea y se trazan actividades conjuntas de investigación para efectos de persecución de trata de personas con fines de esclavitud o de explotación sexual, narcotráfico, lavado de activos y todo lo que tiene que ver con el acceso abusivo a bases de datos y, de ahí, los delitos contra el patrimonio, robos de identidad, en fin. Hay una cantidad de delitos de naturaleza transnacional que se discuten en este escenario de Eurojust. La noticia para Colombia es que Eurojust nos invitó a tener un asiento en esa organización, con un representante de Colombia, un fiscal colombiano que tenga sede en La Haya y con quien podamos hacer un enlace permanente y mucho más activo para fortalecer la persecución del crimen organizado. Esta iniciativa la hemos venido impulsando con el apoyo de la Cancillería y estamos a la espera de tres conceptos que tienen que emitir tres entidades y de una aprobación legislativa, que yo esperaría que sea muy ágil y que se pueda hacer el año entrante, en el segundo periodo legislativo, porque permitiría una discusión conjunta, ya que es un tema de aprobación de un acuerdo bilateral para trabajar con la Unión Europea. Además, porque yo creo que el crimen transnacional nos lo tenemos que tomar mucho más en serio. Hay un discurso de que el crimen ya no es nacional, que es transnacional, que las organizaciones son transnacionales, pero eso hay que pasarlo del discurso a los hechos de persecución penal. Nosotros tenemos en eso una muy buena experiencia, la Unión Europea lo sabe, y la tenemos precisamente por el trabajo que hemos realizado durante décadas con los Estados Unidos, que han sido un aliado en la persecución del crimen transnacional.La noticia para Colombia es que Eurojust nos invitó a tener un asiento en esa organización, con un representante de Colombia, un fiscal colombiano.luz adriana camargoFiscal general de la Nación¿Sería el primer país latinoamericano?Sería el primer país distinto a la Unión Europea. Ni siquiera Estados Unidos hace parte de Eurojust. La invitación la hizo a dos países, que son Colombia y Brasil, pero Colombia va mucho más adelante. Fiscal, permítame, después de todo el programa que vimos en Colombia, todo lo que está haciendo y lo que usted estratégicamente ha definido para su Fiscalía, queremos pedirle que nos actualice en tres casos que son fundamentales.¿Cómo va el tema de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol?Brevemente, tenemos dos líneas de investigación. Una que tiene que ver con el financiamiento de la campaña presidencial. Tuvimos la compulsada de copias por la posible violación de topes electorales. Nosotros ya adelantábamos esa hipótesis delictiva. También se ha examinado el tema porque hemos tenido información concluyente respecto de posible financiamiento electoral ilícito. Esa investigación está en sede de indagación y la adelanta la Fiscalía de la Dirección contra la Corrupción. En ese mismo despacho, otro equipo adelanta una segunda investigación que tiene que ver con la compra del apartamento, con las posibles relaciones con algunos beneficiarios de contratos de Ecopetrol y si existiría alguna relación entre una y otra cosa, o si habría influido el presidente de Ecopetrol en beneficiar a algún sector.Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto:VIII Cumbre del Petróleo, Gas y EnergíaUsted esperaría que el presidente de Ecopetrol cumpla con las citas de la Fiscalía…Yo espero que sí. El 15 de diciembre está citado a interrogatorio.¿Qué pasa si no asiste el lunes?Él va a asistir. Esperemos que asista. Ahora, lo que pasa es que, aun asistiendo, y eso es un tema que todos debemos tener en el radar, quien está siendo investigado tiene derecho a guardar silencio. Eso es algo que yo no sé si va o no va a pasar. La cita al interrogatorio puede aportarnos mucho como puede no aportarnos nada. Lo que también creo es que ningún investigador serio espera resolver el caso a través de lo que le dice el investigado.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoCuando usted se posesionó hubo una rueda de prensa en la que se habló de al menos seis denuncias abiertas contra Guillermo Jaramillo, Ricardo Roa y otras personas por la campaña Petro…La compulsa efectivamente llegó también para el ministro de Salud y la investigación la tenía, por razón del fuero, la Fiscalía Delegada ante la Corte. Ese caso está en indagación preliminar y lo que se está haciendo es evaluar el material probatorio que nos remitió el Consejo Nacional Electoral. No es una labor tan rápida, requiere examen de contabilidad. Pero tiene un detalle adicional: no se trata solo de encontrar lo reportado, sino lo no reportado, dónde es que pudieran existir partidas que no hicieron parte de esas cuentas oficiales. El CNE nos avanza una buena parte de la tarea en lo que realizó en el marco de sus competencias.Cuando se han conocido estos llamados a personas cercanas al Presidente, él justo ha sacado trinos cuestionando a la Fiscalía. ¿Cree que hay relación en ello?Reflexionando sobre ese tema, yo tengo que decir que el Presidente en las reuniones que hemos sostenido, que no son muchas, es una persona respetuosa. El Presidente no se inmiscuye en los temas de la Fiscalía. Pero hay dos tonos: el tono del Presidente en las reuniones y el tono del Presidente en los trinos, en su cuenta de X. Yo no puedo explicar la razón de eso. A mí me causa curiosidad y a veces me causa molestia, por supuesto, porque hay trinos que en verdad son intromisivos, no son adecuados, creo yo.Luz Adriana Camargo, fiscal. Foto:MAURICIO MORENOComo le pasó a usted, las altas cortes también han sido cuestionadas por el Presidente. ¿Hay un irrespeto hacia el poder judicial?Yo creo que ha sido una relación difícil. Creo que eso no le hace bien ni a la rama judicial, ni al mismo Presidente en el ejercicio de su cargo, ni al país. Yo más bien llamaría a que haya un trato mucho más respetuoso y, en términos de la Constitución, a que haya una colaboración armónica entre las ramas del poder público, que es a lo que todos estamos obligados.Andrés Mompotes Lemos y Carlos López – @ELTIEMPO