En un juzgado de control de garantías de Bogotá se retomaron este viernes las audiencias preliminares en contra de los tres capturados por presuntas irregularidades en el contrato para hacerle mantenimiento a los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Entre los detenidos está el coronel Julián Ferney Rincón, a quien capturaron en el fuerte de Tolemaida.El oficial fue imputado por la Fiscalía junto a un integrante de la Secretaría general del Ministerio de Defensa para la época de los hechos, Hugo Alejandro Mora, y al asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio, Diego Alejandro Manrique Cabezas. Los tres fueron detenidos a inicios de esta semana porque habrían actuado de manera ilegal, cada uno desde su cargo, en varias de las etapas contractuales con la que la empresa estadounidense Vertol System se ganó el negocio para el mantenimiento de las aeronaves rusas.Uno de los helicóptero MI-17 del Ejército. Foto:Archivo ParticularAdemás del coronel y los dos exintegrantes del Ministerio, la Fiscalía logró que se emitan dos órdenes de captura contra dos persoans también presuntamente involucradas. Son Carlos Martín Uribe, Forero, representante de MI-Series Perssonel & Parts, y de James Lester Montgomerie, representante legal de Vertol System. Las autoridades están haciendo trámites para que se emita una circular roja de Interpol contra ellos, debido a que están por fuera del país.En la solicitud de medida de aseguramiento intramural, este viernes la jueza del caso le dio la razón al Ministerio de Defensa, que alegaba que se trata de asuntos delicados que comprometen la seguridad nacional, y por ende la diligencia tenía que hacerse reservada, sin acceso al público y medios de comunicación.Flota de helicópteros MI-17. Foto:Archivo particular”La restricción en este punto responde como tal a un deber constitucional de proteger la seguridad nacional, y no corresponde a una intención de sustraer del control ciudadano, incluso un control mediático a través de prensa, de actuaciones de las personas aquí vinculadas”, dijo la jueza. A renglón seguido explicó que “lo que se pretende preservar con la reserva no es la conducta de las personas aquí involucradas ni tampoco las actuaciones en el marco de ese contrato administrativo, sino en concreto la información sensible asociada a esos activos estratégicos del Estado, que puede estar contenido en estos elementos, cuyo acceso al público podría afectar de manera grave intereses superiores del Estado colombiano”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com