El Tribunal Superior de Bogotá legalizó las capturas de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.La magistrada avaló la legalidad del procedimiento y ordenó al Inpec definir el establecimiento carcelario en el que permanecerán recluidos de manera preventiva. Durante la diligencia, el exministro Bonilla alegó problemas de salud.Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a la cárcel. Foto:Archivo particular“Respecto a mi estado de salud, señora magistrada, he sufrido un episodio de isquemia transitoria hace tres meses y estoy en controles para evitar que se vuelva a presentar. Estos controles implican una larga cadena de citas médicas con especialistas. Hoy tenía una cita con el neurólogo que no pude cumplir… tendré presente, hacia adelante, cómo manejaré estos procedimientos médicos”.Estas fueron las palabras del exministro Bonilla durante la audiencia de legalización de captura, este viernes 19 de diciembre, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara enviarlo a él y al exministro Velasco a la cárcel, por su presunto papel como los “cerebros” del entramado del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).En la diligencia, que adelanta la magistrada Leonor Oviedo, del Tribunal Superior de Bogotá, los exalfiles del presidente Gustavo Petro se conectaron de forma virtual, cada uno desde los centros de reclusión inmediata en los que permanecen desde hace casi 20 horas. En el caso de Bonilla, fue capturado en las instalaciones de los Tribunales y pasó la noche en el búnker de la Fiscalía; mientras que Velasco, quien se había conectado desde su casa en Cali, se entregó a las autoridades.Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Foto:Archivo ParticularUno de los argumentos del Tribunal para enviarlos a prisión fue la posibilidad de que el entramado corrupto se perpetuara. “No se sustenta en una fuga inminente, si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado”, señaló la magistrada ponente, Aura Alexandra Rosero.Por eso, a pesar de que la Fiscalía había pedido detención domiciliaria, en un hecho inédito y no exento de polémicas en el mundo judicial, la jueza decidió imponer una sanción más alta de la sugerida y ordenar su reclusión en establecimiento carcelario. La Procuraduría pidió reconsiderar esta medida para el caso de Ricardo Bonilla, quien, con 76 años, es un adulto mayor.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia