La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a Ildefonso Atahualpa Polanco, exdirector del Banco Agrario en Huila, por exigir soborno a cambio de aprobar un crédito. Según la denuncia, solicitó un millón de pesos a dos mujeres representantes de la organización de madres cabeza de familia Nazarenos de Dios Bien Amado para viabilizar un préstamo de $9.500.000.Una vez los hechos fueron puestos en conocimiento de la justicia, la Fiscalía imputó a Ildefonso Atahualpa Polanco por el delito de concusión. No obstante, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio oral, concluyó que la supuesta exigencia de un soborno no fue acreditada “con la contundencia necesaria”, al igual que la comisión del delito.El argumento del juez fue que las víctimas “no experimentaron temor alguno ante las exigencias” realizadas por el acusado, por lo que declaró como no probada la acusación de la Fiscalía y absolvió al funcionario.En respuesta, la Fiscalía y el apoderado de las víctimas apelaron la decisión, y el caso fue llevado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva. Esta instancia revocó la sentencia absolutoria, condenando a Ildefonso Atahualpa Polanco a ocho años de prisión, una multa de 66 salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos.Asimismo, se le negó el acceso a beneficios sustitutivos de la pena y se emitió una orden de captura para que cumpla la condena en un centro carcelario. La defensa del acusado interpuso una impugnación especial, recurso que fue resuelto por la Corte Suprema.Los hechosSegún el expediente, el 26 de octubre de 2007, Amparo Reyes Prieto y Clara Inés Sierra Roa, voceras del grupo de 38 madres cabeza de familia de la comunidad Nazarenos de Dios Bien Amado, acudieron a la sucursal del Banco Agrario en el municipio de Colombia (Huila) para solicitar un crédito ganadero.”Al salir de las instalaciones, cerca del parque, fueron abordadas por el acusado, quien les ofreció su ayuda para gestionar los créditos a cambio de un ‘soborno’ de 500 pesos por cada una de las interesadas”, se lee en el testimonio que fue clave en el caso.La condena también se sustentó en el testimonio de Jesús Alfonso Rodríguez Romero, jefe de la Oficina de Control Interno del Banco Agrario, quien lideró la investigación disciplinaria contra Atahualpa Polanco. El funcionario estableció que el entonces director de la sucursal “no tramitó las solicitudes de crédito ni asesoró a las peticionarias para cumplir con los requisitos de acceso al préstamo, en represalia por no acceder a la exigencia económica que les hizo”.De igual forma, el alto tribunal desestimó los argumentos de la defensa, que alegaban una supuesta estrategia de difamación en contra del acusado.”En suma, el impugnante hace un esfuerzo por presentar un alegato que no aborda los aspectos centrales del debate jurídico. Su argumento, basado en que la incriminación de su representado obedece a una supuesta estrategia de difamación, carece de sustento probatorio”, concluyó la Corte.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
