El ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, llegó a Palacio dos semanas después de ser absuelto en un caso de presunta estafa. El proceso disciplinario le había costado la suspensión de la tarjeta profesional durante cuatro meses y una multa de seis salarios mínimos, sanción impuesta en primera instancia en enero del año pasado.Con el nuevo fallo, cuya ponencia es del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados Becerra, esta decisión queda anulada.El expediente se remonta a enero de 2022, cuando Wilmer Manchola Ocampo interpuso una denuncia contra el abogado Ocampo, a quien le había pagado 10 millones de pesos —de un total de 20 acordados— para que radicara un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué (Tolima), en la que fue condenado por lavado de activos.Según la denuncia, pese a que el cliente cumplió con el anticipo, el abogado Ocampo no realizó ninguna gestión.De acuerdo con cifras de la Comisión de Disciplina Judicial, cuatro de cada diez abogados sancionados son señalados de apropiarse del dinero o bienes de sus clientes, quienes pagan los honorarios pero no reciben ningún servicio ni asesoría jurídica a cambio.En febrero de ese año, el magistrado de instancia ordenó la apertura del proceso disciplinario contra el actual secretario del jurídico de Presidencia. A partir del 14 de marzo, y durante los meses siguientes, se llevaron a cabo las audiencias de pruebas y calificación provisional.El despacho escuchó el testimonio de Angélica Patricia Caldas, quien aseguró haber sido ella quien buscó al abogado para darle una “segunda oportunidad” a su pareja.Adujo que, desde que le entregaron el dinero, el abogado respondía con evasivas y nunca les envió un contrato. Indicó que no existía ningún documento firmado, apenas unos audios como constancia”, se lee en la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial.Desde 2020, de acuerdo con su testimonio, el abogado tenía la sentencia en su poder. En octubre de ese año le giraron el dinero y, desde entonces —dice Caldas—, Ocampo dejó de contestarles el teléfono. “Prometió devolver el dinero, pero nunca apareció”, agregó.La parte demandante contó que, a través de Twitter, comenzó a sonar el nombre de Alejandro Ocampo para el Senado, y que Caldas comentó públicamente que se trataba de una persona deshonesta. El abogado la contactó y le devolvió un millón de pesos.Los giros se hacían a través de una cuenta a nombre de Paola Villada, quien para la época era secretaria de Ocampo. Su testimonio fue clave en el proceso disciplinario, pues ratificó que el actual ministro de Justicia encargado le había pedido prestar su cuenta bancaria para recibir los 10 millones de pesos. “De ese monto, seis millones fueron para el doctor Miguel Finca y cuatro para Ocampo”, contó la exsecretaria.En la entrevista con Finca, este contó que estudió el caso y emitió un concepto. Le advirtió a Ocampo que era prácticamente imposible interponer el recurso extraordinario, ya que Machola se había declarado culpable.Por el lado de la defensa, se alegaba que solo se había pagado el 50 % de los honorarios pactados y que el trabajo encomendado estaba supeditado al pago total. Sin embargo, para la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima, Augusto Ocampo es responsable de obrar con deshonradez profesional.”En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo con las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”, dice el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.En consecuencia, la Comisión lo sancionó con suspensión del ejercicio profesional durante cuatro meses y una multa equivalente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes.Para el despacho seccional, Ocampo obtuvo una remuneración desproporcionada de su cliente. Esto, teniendo en cuenta que Wilmer Manchola Cano, quien se encontraba preso, contrató al profesional del derecho por 10 millones de pesos para presentar un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia penal en su contra, pero este no realizó gestión alguna.La absoluciónEl 30 de enero del año pasado, Ocampo radicó recurso de apelación contra esta decisión en primera instancia. El 19 de marzo de este año, dos semanas antes que aterrizara en Casa de Nariño, fue absuelto.Según los argumentos del acusado, anexados en esta parte del proceso, en diciembre de 2021, el abogado ofreció reintegrarle la mitad de lo pactado; sin embargo, esto no se concretó, ya que en enero de 2022 el denunciante interpuso la queja disciplinaria.Para el despacho del magistrado Granados, debido a las diferentes negociaciones realizadas durante el proceso y al pago del anticipo, Ocampo no cometió la falta de remuneración desproporcionada, sino que, posiblemente, podría estar relacionada con la debida diligencia profesional.”No se determinaron las razones por las cuales los honorarios podrían considerarse desproporcionados ni se evaluó el elemento subjetivo del tipo disciplinario, en el que el abogado presuntamente se habría aprovechado de la ignorancia o necesidad de su cliente”, argumentó el fallo que termina abolviéndolo.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
