Cinco proyectos de universidad privada se quedan en un limbo porque no acreditan su calidad | Educación

Desde que los socialistas llegaron al Gobierno en 2018, se han aprobado en los parlamentos regionales cuatro universidades que contaban con el informe contrario (pero no vinculante) de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ratificado después por las autonomías en una reunión conjunta. Se trata de Hespérides (Canarias, 2019), UDIT- Diseño, Innovación y Tecnología (Madrid, 2019), Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Andalucía, 2021) y Tecnológica de Canarias (2023). A pesar de esas aprobaciones que no contaban con el visto bueno de Ciencia, recientemente, y tras conocer los informes negativos, Andalucía ha descartado abrir otros dos centros, mientras Galicia seguirá esa senda, aunque no ha informado de ello públicamente. Madrid, por su parte, ha optado por aplazar el trámite y Extremadura, que no tiene ninguna privada y aspira a inaugurar cuatro, fía parte de la suerte de abrir la primera al Consejo de Estado, a quien ha recurrido, en un movimiento inusual, ya que este órgano consultivo del Gobierno no suele entrar en este tipo de decisiones.Los técnicos del ministerio, que son empleados públicos y no cambian con un nuevo Ejecutivo, elaboran el informe con datos objetivos ―número de alumnos, profesores, instalaciones, plan de investigación, solvencia económica…―. Este se lleva luego a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), a la que asisten también todos los gobiernos autonómicos (representados por los directores generales o consejeros). Ahí, el dictamen del Gobierno central se ratifica con una votación. Sin embargo, da igual cuál sea el veredicto, porque ese informe, aunque obligatorio, no es vinculante. Por eso, el presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días que se exigirá un nuevo informe cuyo dictamen será vinculante y que lo realizará la agencia de evaluación Aneca o las correspondientes autonómicas (conocidas como anequitas).El Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) obtuvo un informe desfavorable de la CGPU el 7 de marzo de 2024. Tras él, la Xunta ha renunciado a continuar adelante con el proyecto, aunque no ha informado en público de ello. En la conferencia, siete comunidades votaron en contra (entre ellas cinco del PP) del proyecto de universidad y otras siete, entre ellas la propia Galicia, se abstuvieron. Fuentes presentes en esa cita relatan que el Gobierno gallego argumentó que no apoyó su propia iniciativa debido al resultado del análisis técnico del ministerio. Los técnicos reprochaban a los promotores que no se contemplen espacios para investigar, ni se detallen qué proyectos científicos se van a desarrollar o la solvencia económica para construir los edificios pendientes.Así, Cesuga no va a independizarse de la Universidad San Jorge (USJ) ―privada de la que depende y con sede en Zaragoza― para pasar a ser un campus propio gallego. Cesuga, en manos de un grupo de empresarios, se inauguró en 1990 y funciona desde 2015 como centro adscrito a la USJ, pero antes dependió del centro irlandés University College Dublin. Este centro adscrito ha tenido siempre sintonía con el Gobierno gallego. Pablo Casado visitó la sede de Cesuga en 2021, aún como líder del PP y junto a Alberto Núñez Feijóo, por entonces presidente de la Xunta.El 30 de abril de 2024 ―dos meses después del veredicto negativo de la CGPU― el Gobierno de Aragón aprobó la desadscripción de Cesuga de la USJ y así se publicó en su boletín oficial. A pesar de ello, en su web el centro sigue apareciendo ligado a la universidad zaragozana ―está forzado a estar vinculado a una universidad para poder ofertar grados y másteres― y la describe como su “alma máter”. Desde Cesuga afirman que “de momento” siguen en la USJ, aunque afirman “que es verdad que hay un proceso en marcha” para ser universidad. La Xunta, sin embargo, lo niega. “Para aprobarse en el Parlamento, la Xunta tendría que aprobar previamente un anteproyecto de ley y remitirlo para su debate y votación en el Parlamento, pero en la consellería no tenemos ningún trámite pendiente sobre esta propuesta”, contesta el departamento de prensa de la Consejería de Educación cuando se pregunta por la conversión de Cesuga en universidad. Si no hay tramitación, no hay, por tanto, universidad en ciernes.El Gobierno gallego no presionó al ministerio, a diferencia de otros, para agilizar la redacción del informe, quizás porque la Universidad Intercontinental de la Empresa, del banco Abanca, no ha sido un exitazo. El curso pasado, la primera privada de Galicia, en su segundo año de andadura, apenas contaba con 239 alumnos de grado y 20 de máster. La comunidad cuenta con tres universidades públicas y un alumnado en declive: 4.520 alumnos de grado menos el curso pasado que en 2015.En Extremadura, quieren abrir cuatro campus privados, pero solo uno tiene su informe preceptivo y es negativo: la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde). “El capital social de la entidad promotora (3.000 euros) se considera insuficiente para el inicio de la actividad propuesta y como garantía a terceros frente a determinadas situaciones de riesgo. (…) Los espacios necesarios para llevar a cabo la actividad académica e investigadora de la universidad no son idóneos ni están garantizados…”, enumeran los técnicos del ministerio.“Consideramos una injerencia por parte del presidente [Pedro Sánchez] atacar de esta manera y sistemáticamente al sector privado”, aseguró la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, tras conocerse que se van a endurecer los criterios para abrir una universidad privada en España. No está claro que el Gobierno extremeño dé el paso de elaborar un anteproyecto de ley para la creación de la universidad que se vote luego en su Parlamento.No es habitual que una comunidad pida un informe al Consejo de Estado, pero en Extremadura el presidente Guillermo Fernández Vara (PSOE) optó ya por esa vía en 2018, cuando la conferencia dio un enorme varapalo a dos proyectos universitarios. El consejo los remató en su fallo. Uno solo quería tener un 17% de profesores doctores (Universidad Abierta de Europa Extremadura) y el otro terminó en los tribunales por supuestas irregularidades contables (Universidad Internacional Augusta Emérita).“Una vez que el Consejo de Estado emita su informe y se incorpore al expediente, volverá al Consejo de Gobierno de la Junta, que determinará si el anteproyecto de ley [de creación de la universidad] está preparado para su debate en la Asamblea de Extremadura”, contesta el Gobierno de María Guardiola. “Ese dictamen no es vinculante. No obstante, el Consejo de Gobierno [que rige la Junta] lo ha pedido y obviamente lo tendrá en cuenta”.Edificio de oficinas en las que pretende establecerse la Universidad Abierta de Europa en un parque empresarial de Madrid.Claudio ÁlvarezEl promotor de la Universidad Abierta de Europa Extremadura, muy próximo al sector más conservador del PP madrileño, lo intenta ahora en Madrid, donde hay ya 13 privadas. Su tramitación parecía encarrilada pese a su informe desfavorable de la conferencia (hasta siete comunidades del PP votaron en contra). Sin embargo, con la universidad pública en llamas ―hay una huelga convocada para el próximo lunes―, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por la patada hacia delante. Podría haber anunciado los trámites la semana pasada, cuando se supo que se aprobará la propuesta del Instituto de Empresa (IE University) que lleva parada desde el 7 de marzo de 2024 (como Cesuga), pese al informe positivo de la conferencia.“Se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores [de la Abierta de Europa] ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad. Las numerosas lagunas y deficiencias de este, determinan la propuesta a la conferencia que emita un informe desfavorable”, dictaminaron los técnicos del ministerio, que detectaron problemas en investigación, inestabilidad del proyecto (alquilados en una planta de un edificio de oficinas), pocos profesores… La iniciativa cuenta también con un análisis contrario del propio Gobierno regional, que desde 2020 no hace caso a los dictámenes que encarga a una comisión de expertos.Como Galicia, Andalucía ―tras aprobar cuatro universidades privadas en 10 meses― ha renunciado a dos con informe desfavorable de la conferencia, que reúne a las comunidades y el ministerio: Internacional del Mediterráneo (Almería) e Internacional Lucio Anneo Séneca (Córdoba). Otros dos promotores ―Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, del SEK (dueños de la Camilo José Cela) y Universidad de la Costa del Sol― se echaron atrás tras reunirse con la Junta.“Ha vuelto el [SEK] a presentar el proyecto con algunas modificaciones. En nuestra opinión no cumple con los requisitos de calidad exigidos y hemos pedido informe al gabinete jurídico para que nos diga si es posible rechazarlo en este momento del procedimiento o estamos obligados a remitirlos a ACCUA [la agencia de evaluación andaluza] y a la CGPU”, explica un portavoz de la Junta.Al ministerio han llegado en los últimos meses 10 solicitudes de centros que se evaluarán por el decreto Castells (2021) menos exigente que con la reforma que entrará en vigor previsiblemente en mayo.