Uno de los vacíos en el debate público que más me ha impactado desde que comencé a interesarme por el tema de los cultivos ilícitos es el que ha habido en torno a los productos que se utilizan para transformar la hoja de coca en cocaína: querosene, ácido sulfúrico, carbonato de sodio, benceno, hidróxido sódico, permanganato potásico, ácido clorhídrico, éter etílico, acetona y un largo etcétera, los cuales están siendo vertidos sin contemplación alguna a la tierra y a los ríos.¿Cómo explicar la crítica al uso del glifosato -que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “potencialmente cancerígeno” al mismo nivel que las carnes rojas, además de un potencial causante de enfermedades endocrinas según el grado de exposición- y la ausencia de debate público simultáneo frente a varios de los precursores que se hallan en lo más alto de su lista roja? ¿Cómo explicar la campaña contra el uso del glifosato dirigido hacia los cultivos de coca, pero al mismo tiempo el silencio frente a su utilización masiva en la agricultura -por ejemplo, en la caña de azúcar, el café y el banano- para el control de malezas?La OMS califica al menos tres de los precursores utilizados en los laboratorios de cocaína como agentes altamente cancerígenos: el ácido sulfúrico está relacionado con el cáncer de laringe y de pulmón; el ácido clorhídrico, con el cáncer de esófago, y al menos el 2 % de los casos a nivel mundial de leucemia están asociados con la exposición al benceno. Es más, la exposición al permanganato de potasio puede influir en serias malformaciones congénitas estructurales.Imagen de referencia. Foto:iStockEl uso industrial de estos productos se realiza, como me comentó un empresario ligado a la industria química, con sistemas de protección para los operarios (guantes, máscaras, etc.). Pero en los laboratorios clandestinos para el procesamiento de la hoja de coca en Colombia, mujeres y hombres, niños y adolescentes, están expuestos sin protección alguna.El Programa Antidrogas Ilícitas en la Comunidad Andina (Proyecto Pradican), en un manual sobre precursores utilizados en el procesamiento de drogas ilícitas, publicado en 2016, distinguía tres tipos de productos nocivos: por una parte, las sustancias corrosivas que pueden producir daños en la piel, los ojos y los órganos respiratorios (amoníaco y ácido sulfúrico); por otra parte, las sustancias peligrosas para el medio ambiente que causan daños tóxicos en los organismos acuáticos, fauna y flora y que, además, afectan la capa de ozono (permanganato de potasio, ácidos sulfúrico y clorhídrico), y, finalmente, las sustancias tóxicas que tras su inhalación, ingestión o absorción pueden producir trastornos orgánicos de carácter grave o incluso la muerte (trióxido de arsénico, cloruro de mercurio, metanol).En nuestro país muchos ambientalistas y médicos epidemiólogos también han estudiado y se han pronunciado en torno a estos impactos nocivos. Pero es muy preocupante que sus estudios no hayan abierto un necesario debate público al respecto. Por ello, una de mis inquietudes es: ¿hasta qué punto la presencia de graves enfermedades en las zonas productoras de cocaína está relacionada, principalmente, con la exposición de quienes siembran, recolectan y procesan la hoja de coca a estos precursores altamente cancerígenos y fuentes de otras enfermedades graves, los cuales, además, pueden contaminar las tierras aledañas, los ríos y, de paso, los productos agrícolas?En algunos casos ha habido denuncias serias del impacto del glifosato mal utilizado. Este fue el caso de Yaneth Valderrama, una campesina que en 1998 fue rociada con ese pesticida, lo que le causó un aborto y, al cabo de seis meses, la muerte por una falla multisistémica. Un incidente que se halla bajo estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato. Foto:Archivo EL TIEMPODebate internacionalEl debate en torno al uso del glifosato a nivel internacional no está todavía resuelto. Por una parte, Greenpeace se opone a su uso con el argumento de que, dado que la aspersión del glifosato no discrimina el tipo de plantas, sus residuos permanecen en los cultivos e ingresan al ser humano mediante el consumo de alimentos. Por otra, la ONG Pesticide Action Network sostiene que la reciente renovación del uso del glifosato por parte de la Unión Europea (UE) incumpliría su propia Ley de Plaguicidas, la cual establece que debe observarse el principio de precaución cuando no existe un consenso científico en torno a una política que muchos consideran que afecta la salud pública y el medio ambiente.Estas opiniones no son compartidas ni por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la mayor autoridad sanitaria europea, ni por la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que han concluido, tras densas investigaciones, que el glifosato no implica riesgo de cáncer en las personas. Es más, el año pasado, la UE permitió su uso por diez años adicionales. Según un comunicado de la Comisión Europea (CE), este organismo, “basándose en las exhaustivas evaluaciones de seguridad llevadas a cabo por la EFSA y la ECHA, junto con los Estados miembros de la UE, procederá a la renovación de la aprobación del glifosato por un período de diez años, sujeta a ciertas condiciones y restricciones nuevas, como la prohibición del uso como desecante antes de la cosecha y la necesidad de ciertas medidas para proteger a los organismos no objetivo”.Ningún país de la UE se opuso, mientras que algunas pocas naciones como Alemania y Holanda lo aprobaron con algunas restricciones, y otras como España lo aprobaron sin restricción alguna. Me pregunto: ¿Quién tiene la razón, la OMS y la UE, o Greenpeace?La prohibición de su usoEl uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de coca fue suspendido en Colombia por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante la Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015 con fundamento en el principio de la precaución y, posteriormente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-236 de 2017, corroborando la decisión de la citada autoridad ambiental, indicó en respuesta a un derecho de tutela del personero municipal de Nóvita (Chocó) que, hasta tanto el Gobierno no cumpliera con seis medidas necesarias para la protección del ambiente y la salud de la población, no podía usarse.”La Corte Constitucional ha determinado la existencia de afectación directa, especialmente en aquellos casos en los que se encuentra un impacto a tradiciones culturales significativas que implican afectaciones a sus identidades como grupo étnico. Dentro de estas tradiciones pueden encontrarse los usos ancestrales de la hoja de coca, pero también se pueden encontrar afectaciones directas en los impactos sobre los cultivos lícitos y de manera general la relación de las comunidades con la tierra, las fuentes de agua y el entorno de sus territorios.Hace dos años la senadora por el Pacto Histórico Esmeralda Hernández presentó un proyecto de ley (No. 287 de 2023) para la prohibición definitiva del uso del glifosato, argumentando que “el principal método de erradicación, durante años de lucha antidrogas, ha sido la fumigación con glifosato y hoy, después de varias décadas, se ha demostrado que es una estrategia inefectiva e ineficiente”. Según la senadora, en 1997 había en el país 160.000 hectáreas sembradas de hoja de coca que aumentaron a más de 200.000 en 2021, por lo cual, la senadora la califica como una “estrategia fracasada”.Sin embargo, su argumentación silenciaba no solo el grave tema de los precursores, sino que, además, gracias al uso del glifosato los cultivos ilícitos habían caído a 48.000 hectáreas en 2010 y que, como consecuencia de su prohibición, nuevamente, los cultivos se dispararon hasta alcanzar en 2024 una cifra sin antecedentes que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, alcanza hoy la cifra de 262.428 hectáreas. Además, no menciona que había llegado un momento en el cual ya no era necesaria la aspersión aérea, pues bastaba la amenaza de su uso para inhibir, ante todo, a los potenciales cultivadores de extensos sembradíos (más de cinco hectáreas). Es más. Gracias a esta aspersión se había producido el denominado “efecto globo” y los cultivos se habían trasladado hacia Perú y Bolivia, y Colombia había dejado de ser el mayor productor mundial. Ahora hemos recuperado ese penoso primer lugar.Penoso lugar que se explica, además, en gran medida y de manera paradójica, por nuestra privilegiada ubicación geopolítica. No olvidemos que Colombia es una de las escasas 21 naciones bioceánicas del mundo y, a su turno, una de las aún más escasas once naciones con acceso a los dos océanos más extensos, el Pacífico y el Atlántico, lo cual le permite acceder, por un lado, a la costa este de Estados Unidos, a África y a Europa y, por el otro, a la costa oeste estadounidense y a las naciones de Asia y Australia.Laboratorio de cocaina Foto:MindefensaUna balanzaSi se sitúan en uno de los platillos de una balanza los impactos de la erradicación y en el otro los impactos que genera la producción de la cocaína, yo me inclino por el primero. Al respecto, me parece importante listar los que considero los impactos más negativos de la producción de cocaína en nuestro país. Las economías ilícitas están alimentando a los grupos armados no estatales, tanto de origen político como puramente criminales; ha aumentado el número de civiles y militares víctimas de minas antipersona sembradas en los alrededores de los cultivos para evitar su erradicación manual o asesinados por francotiradores; ha crecido la deforestación para la siembra de la hoja de coca; se está acrecentando el vertimiento a los ríos y a la tierra de productos dañinos, tanto provenientes de la siembra de la hoja de coca (agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas y herbicidas) como del procesamiento, lo que causa daños irreversibles en el medio ambiente, por ejemplo, en la reducción del número de insectos; el contrabando ilegal de precursores que se hallan en lista roja de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y sujetos a fiscalización internacional es una de las fuentes que alimentan las redes ilegales en nuestro país; la producción de drogas ilícitas está fortaleciendo la cultura de la ilegalidad.Desde distintos sectores se ha venido planteando la posibilidad de impulsar un mercado regulado de la cocaína para disminuir el papel de las organizaciones criminales y las rentas ilegales. Una propuesta no solo inaplicable, sino polémica. Inaplicable, pues hoy en día cada vez se reducen más y más los Estados en el mundo que ven con buenos ojos la legalización de las drogas ilícitas y Colombia corre el riesgo de convertirse en un “Estado paria” si adelanta esa política de manera unilateral y sin contar con el apoyo sólido y mayoritario en Naciones Unidas. Polémica, pues la mayoría de los expertos consideran que la cocaína puede constituir una “droga de entrada” hacia otras drogas en determinados sectores muy vulnerables, en personalidades muy frágiles o por presión de grupo. Y Colombia, que ya pasó de ser además un simple país productor a un país consumidor, se halla muy amenazado por el consumo de drogas cada día más letales, como el crack, fentanilo, éxtasis, LSD y un largo etcétera.Otras consideracionesPor todas estas razones, yo me inclino por la erradicación forzada de los cultivos industriales de cinco o más hectáreas con objeto de debilitar las rentas ilegales de las “organizaciones armadas no estatales” que tanto daño le están causando al país y, a su turno, una política de erradicación voluntaria con campesinos mediante un diseño adecuado.Obviamente, si la erradicación forzada se lleva a cabo mediante el uso del glifosato -lo cual, no es de ninguna manera lo más deseable-, esta debe hacerse con todas las precauciones debidas, ante todo, en términos de porcentaje de la concentración utilizada. Así mismo, se debería privilegiar la aspersión manual -protegiendo a los erradicadores de francotiradores y campos minados- sobre la aspersión área y su impacto negativo en cultivos y comunidades rurales.Pero, sin duda, el ideal sería desarrollar políticas tendientes a estimular la economía legal, mediante el aumento de la productividad y de la competitividad de las economías campesinas o, al menos, una combinación de incentivos económicos y erradicación forzada dirigida hacia los sectores renuentes a abandonar las economías ilegales. Y de ninguna manera se debe permitir la erradicación de los cultivos tradicionales de hoja de coca de las comunidades indígenas y sus usos rituales como el mambeo, ni afectar sus usos lícitos (tales como bebidas, alimentos, cosméticos u otros). Lo cual requiere excluir la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas per sé, como solicitó la canciller Laura Sarabia en el 68.º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.En todo caso, si aspiramos algún día a alcanzar la paz en Colombia, una tarea urgente es debilitar al máximo las rentas ilegales provenientes, ante todo, del tráfico de cocaína y la minería ilegal, que alimentan, sin excepción, a todos los grupos armados no estatales, tanto de origen político como puramente criminal.Por ello, es importante que abramos un gran debate nacional sobre el tema del glifosato, evaluando con seriedad sus ventajas y desventajas, con el apoyo de la comunidad médica y científica.EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ (*)Razón Pública (**)(*) Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
