‘Cruel asesinato’ de activista e hijo representa un ‘mensaje de represalia’ para colectivos: Comité de DDHH de Nuevo Laredo

El “cruel asesinato” de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales en Jalisco, representa un grave mensaje de represalia para otros colectivos del país, señaló este jueves el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).Asimismo el Comité alertó que los familiares de los colectivos en riesgo no cuentan con esquemas de protección para su seguridad personal por parte del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales.En un comunicado la organización social se solidarizó con los familiares de  María del Carmen Morales y de Jaime Daniel Ramírez Morales, asesinados en Tlajomulco, Jalisco.Asimismo pidió al Gobierno Federal esclarecer los hechos y brindar protección inmediata a quienes integran el colectivo Guerreros Buscadores.“Este doble homicidio ocurrido la noche del miércoles 23 de abril se presenta en un contexto de negación a la verdad por parte del Gobierno Federal respecto a la denuncia realizada por el Colectivo Guerreros Buscadores sobre el campo de exterminio localizado en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que también operaba como centro de reclusión forzada para hombres y mujeres, especialmente jóvenes”, señala el documento.Por su parte, Raymundo Ramos, presidente del CDHNL, señaló lo siguiente:“Cualquier analista de riesgo podría advertir que esto pasaría con integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores a manera de represalia y no hicieron nada para prevenirlo, por el contrario, lanzaron campañas de criminalización mediante redes sociales y medios afines al gobierno intentando minimizar lo ocurrido en ese rancho criminal”.Por esta razón, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo anunció la suspensión de actividades de búsqueda de campo y de reuniones con el Gobierno Federal, en tanto se ofrezcan medidas de protección integrantes de colectivos de Nuevo Laredo del “Caso Tamaulipas”, cuyos familiares fueron víctimas de desapariciones forzadas por integrantes de la Marina entre febrero y mayo del 2018.Familiares de víctimas de la Secretaría de Marina tenían programada una reunión para el próximo martes 29 de abril con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación de delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), en las oficinas centrales de la Ciudad de México, pero estas autoridades no les han proporcionado ningún esquema de protección para su traslado desde la frontera de Nuevo Laredo, por lo que acordaron posponer dicho encuentro.Entre las víctimas de la Marina que este mes de abril cumplen siete años exigiendo justicia se encuentran el menor José Eugenio Hernández Romero y Silvia Miroslava García Macías, localizados sin vida por sus familiares, así como Markz Moreno Salas e Israel Jiménez Palacios, quienes siguen desaparecidos junto a otras 21 personas más, concluye el comunicado.