Una nueva controversia jurídica se abre en torno a la política económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez, por cuenta de una demanda que busca que el Consejo de Estado anule la decisión del Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) de activar la llamada cláusula de escape de la regla fiscal. En su pronunciamiento más reciente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila confirmó que la cláusula se activó por un periodo de tres años, lo que permitirá aumentar el gasto público sin infringir las restricciones fiscales. “El Gobierno decidió activar la cláusula y aprobó una senda de reducción del déficit fiscal insuficiente para conducir la deuda a un nivel prudente”, dijo.Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPOEl recurso fue presentado por Pedro Nel Ospina Santamaría, quien cuestiona la legalidad del acto mediante el cual se suspendieron temporalmente los límites fiscales establecidos por la Ley 1473 de 2011.En la acción judicial —una nulidad simple prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)— el demandante argumenta que cualquier ciudadano puede acudir a este mecanismo para solicitar la invalidez de actos administrativos generales, como el que adoptó el Confis en este caso.Consejo de Estado Foto:Consejo de EstadoUno de los principales reparos expuestos en la demanda es la falta de publicación del acta en la que se adoptó la decisión de activar la cláusula de escape. Según el texto, la última acta del Confis disponible en la página oficial corresponde a la sesión número 782 del 25 de febrero de 2025. Sin embargo, la medida fue formalmente anunciada semanas después por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sin que se hubiera dado a conocer el documento oficial en el Diario Oficial, como exige la normativa vigente.No obstante, el gobierno sí incluyó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo un capítulo introductorio (denominado “capítulo 0”), que explica las razones y fundamentos del acto cuestionado. Para el demandante, ese documento no suple la omisión formal ni reemplaza la obligación legal de publicar el acta.La demanda también cuestiona la interpretación que el Gobierno Nacional hizo de la cláusula de escape, una figura excepcional prevista en el artículo 14 de la Ley 1473. De acuerdo con el texto legal, esta cláusula solo puede aplicarse ante circunstancias extraordinarias que comprometan la estabilidad macroeconómica, como guerras, pandemias o crisis financieras.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetSin embargo, el demandante sostiene que en este caso no existía una situación extraordinaria, sino una proyección de incumplimiento de las metas fiscales, lo que no justificaría el uso del mecanismo.Según el escrito, cuando se presenta una desviación frente a las metas de la regla fiscal, la ley exige al Gobierno remediar la situación mediante ajustes y metas correctivas, no mediante la suspensión temporal del régimen fiscal, como se hizo con la cláusula de escape.A juicio del demandante, el Ejecutivo habría optado por un atajo jurídico para anticipar el incumplimiento de la regla fiscal y eludir la responsabilidad de presentar un plan concreto de ajuste ante el Congreso. “La cláusula de escape no fue diseñada para permitir que el Gobierno se endeude más, sino para responder a crisis excepcionales e imprevisibles”, afirma el escrito.En todo caso, la demanda llegó hasta el despacho del magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes quien definirá si se admite la demanda.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com
