El príncipe Enrique pierde la batalla legal contra el Gobierno británico por rebajar su nivel de seguridad en el Reino Unido | Gente

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha desestimado este viernes 2 de mayo el recurso legal del príncipe Enrique en su contencioso contra el Gobierno británico por el grado de seguridad policial al que tiene derecho cuando visita su país. El duque de Sussex, que asistió personalmente a las vistas que tuvieron lugar el 8 y 9 de abril, interpuso una querella contra el Ministerio de Interior tras la rebaja del nivel del dispositivo de protección sufragado con dinero público para cuando el príncipe pisa territorio británico, decisión que se adoptó después de su marcha de la familia real.El príncipe, hijo menor del actual monarca británico, Carlos III, ha estado intentando anular la decisión del Ministerio del Interior, que en febrero de 2020 anunció que los duques de Sussex no recibirían automáticamente seguridad policial personal durante su estancia en el Reino Unido. La reducción de esta seguridad se llevó a cabo después de que Enrique de Inglaterra, de 40 años, y su mujer, Meghan Markle (California, 43 años), renunciaran a sus títulos y abandonaran sus funciones públicas como miembros a tiempo completo de la familia real británica en 2020. En la actualidad, residen en California junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet. Más información“Tras estudiar los documentos detallados, concluimos que no se puede afirmar que el sentimiento de agravio se traduzca en un argumento legal para impugnar la decisión del Comité ejecutivo de Protección de Figuras públicas y de la realeza (Ravec), el ente que tomó la decisión”, ha asegurado hoy el juez Geoffrey Vos, uno de los tres magistrados que han estudiado el caso. Los jueces también afirman que los duques de Sussex estuvieron “entrando y saliendo” del dispositivo de protección de Ravec antes de que este tomara la decisión que tan poco ha gustado a Enrique, ya que “fuera del Reino Unido estaban fuera del sistema, pero cuando estaban dentro su seguridad se consideraba apropiada”. “Era imposible decir que este razonamiento fuese ilógico o inapropiado, de hecho parecía sensato”, considera el tribunal, que sostiene que la decisión de este organismo fue “comprensible, y quizá previsible”.El juez ha afirmado frente a una sala en la que, en esta ocasión, no estaba presente el príncipe que los argumentos de su defensa eran “poderosos y conmovedores”, y que era “evidente que se sentía maltratado por el sistema”. Aun así, no ha sido insuficiente para darle la razón.El pasado mes de abril, el príncipe Enrique aterrizaba por sorpresa a Londres para asistir a los días de vista judicial sobre su caso, celebradas en el Alto Tribunal de Apelación de Londres, tras haber perdido en primera instancia hace algo más de un año su batalla judicial contra el Gobierno británico. “Ha sido señalado por un trato diferente, injustificado e injusto”, aseguraba Shaheed Fatima, abogada del duque de Sussex en el primer día. La letrada también afirmaba que él no buscaba ser tratado como lo era cuando era un miembro activo de la familia real, pero quería ser considerados sobre la misma base que otras figuras públicas. Su apelación contra el Gobierno británico “alude al derecho más fundamental, el de la seguridad de una persona”, añadía durante su intervención del 8 de abril. El príncipe Enrique, el pasado 9 de abril en el Tribunal de Apelación de Londres.TOLGA AKMEN (EFE)En el segundo día de juicio, en el que también estuvo presente Enrique de Inglaterra, su abogada argumentó la necesidad de protección del príncipe y su familia asegurando que Al Qaeda había pedido recientemente que le asesinaran, y que él y Meghan Markle se habían visto envueltos en “una peligrosa persecución en coche con paparazis en Nueva York” en 2023. “No hay que olvidar la dimensión humana de este caso: “la seguridad y la vida” del hijo menor de Carlos III “están en juego”, dijo Fatima. “Hay una persona sentada detrás de mí a quien le dicen que va a recibir un proceso especial a medida cuando conoce y ha experimentado un proceso que es manifiestamente inferior en todos los aspectos. Su presencia aquí y durante esta apelación es una potente ilustración, si fuera necesaria, de cuánto significa para él y para su familia este recurso”, sostuvo la abogada en su exposición final.En enero de 2022, Enrique de Inglaterra explicaba los motivos de esa denuncia a través de un comunicado emitido por un representante. Según se afirmaba en el escrito, su objetivo es “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”. Una protección sin la que no podrá volver a su hogar, denunciaba, pues a pesar de contar con su cuerpo estadounidense de seguridad privada, sus representantes legales apuntaban que ese equipo no tiene jurisdicción en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido, necesaria para mantenerlos a salvo.Tras un primer juicio celebrado en diciembre de 2023, fue en febrero de 2024 cuando el magistrado Peter Lane, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, propinó un varapalo al príncipe, dando la razón al Gobierno de retirarle el servicio de seguridad del que gozaba en el Reino Unido. Desde entonces, no se le proporciona de manera automática seguridad policial al pisar suelo británico, y tiene que mandar un aviso con 30 días de anticipación sobre cualquier plan de viajar a Gran Bretaña para que sea evaluado en cada caso y según lo que implique cada visita. Él y su defensa siempre han sostenido que sigue teniendo derecho a esa protección por el mero hecho de haber nacido dentro de la familia real, aunque ya no tenga un papel oficial desde que se marchó a vivir con su familia hace cinco años a Estados Unidos. Ahora, ha recibido el revés judicial definitivo.