Esta semana, en el centro penitenciario El Barne de Cómbita, Boyacá, se llevó a cabo una intervención conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación contra actividades ilícitas que se desarrollaban en el interior del establecimiento. La operación permitió el hallazgo de un sistema de comunicaciones utilizado para la práctica de extorsiones digitales, con el decomiso de 105 teléfonos celulares, tres módems y 53 tarjetas SIM.Entre los elementos decomisados también se encontraron 23 directorios con información de potenciales víctimas, así como un centenar de accesorios relacionados con los dispositivos móviles, entre cargadores y manos libres. A esto se sumaron 29 armas cortopunzantes, bienes que en conjunto alcanzan un valor estimado en más de 500 millones de pesos, según lo informado por las autoridades.Operativos contra la extorsión. Foto:CEETDe acuerdo con la investigación, los internos identificados como alias el Negro y alias Panda coordinaban desde el penal una organización criminal encargada de realizar llamadas de carácter intimidatorio. Las comunicaciones tenían como objetivo persuadir a los ciudadanos mediante la suplantación de reconocidos grupos armados ilegales, con el fin de obtener recursos económicos de manera sistemática. Los reportes de la Policía Nacional señalan que esta estructura afectó a más de 10.000 personas en diferentes regiones del país.Los ingresos derivados de estas actividades alcanzaban cifras superiores a 1.200 millones de pesos al mes, constituyéndose en una fuente de rentas criminales de gran magnitud que permanecía activa dentro del establecimiento carcelario.El rol del InpecEn diálogo con EL TIEMPO, el director de la Unidad de Antiextorsión y Antisecuestro de la Policía Nacional, coronel Elver Alfonso Sanabria, fue explícito al señalar que algunos funcionarios del Inpec han facilitado la dinámica de la extorsión desde las cárceles.“Ya ha habido una absoluta disposición del Ministerio de Justicia y del Inpec, ellos son conscientes y conocedores de la problemática que tienen frente a ciertos funcionarios. Reitero, no son todos, pero frente a esa situación estamos también con unas líneas investigativas bien importantes. La Fiscalía nos está apoyando y nos ha destacado unos fiscales especializados para adelantar, junto con la Dijín, trazabilidad a esos bienes que han adquirido y que no tienen cómo justificarlo un servidor público en esa parte”, afirmó el oficial.Las cifras de un ‘call center’ detrás de las rejas: extorsionaban a más de 10.000 personas Foto:Archivo Particular.El señalamiento del coronel Sanabria abre un debate de fondo sobre el grado de permeabilidad que tienen las mafias en los establecimientos penitenciarios. Según fuentes judiciales, se ha documentado cómo redes de extorsión logran ingresar teléfonos, chips y otros elementos prohibidos con la complicidad de guardianes, lo que permite mantener operativas verdaderas centrales criminales desde los patios. El problema, advierten expertos, es que esta práctica no es nueva y ha mutado en su forma de operación, ahora con un fuerte componente digital.Para contrarrestar estas dinámicas, el Gaula creó comisiones especializadas conocidas como Sefic, orientadas al rastreo de bienes adquiridos con recursos ilícitos. A esto se suma el fortalecimiento del Cibergaula, con apoyo de agencias internacionales como la DEA, que aportan capacidades para rastrear criptoactivos y llamadas digitales. “El 90 por ciento de las actividades de los colombianos se dinamiza en entornos digitales y allí tenemos que enfocarnos”, precisó el coronel Sanabria.Cárcel de máxima seguridad El Barne de Cómbita, Boyacá. Foto:Defensoría del PuebloLa estrategia desde cárcelesDurante lo que va corrido del 2025, las autoridades han mantenido un plan de intervención en centros de reclusión con el propósito de afectar las economías ilícitas que operan desde su interior. En ese marco se han ejecutado 46 operaciones, que han permitido el decomiso de más de 900 teléfonos celulares, cerca de 1.000 tarjetas SIM, 900 accesorios y 500 armas blancas.El volumen de hallazgos revela la magnitud del negocio ilegal que opera en las cárceles colombianas. Solo el material incautado en estas acciones supera los 500 millones de pesos, una cifra que da cuenta de la facilidad con la que se trafican equipos tecnológicos dentro de los penales. Para las autoridades, se trata de un circuito financiero paralelo que alimenta rentas criminales y mantiene vigentes estructuras de extorsión.En el frente judicial, el coronel destacó que la extorsión es uno de los delitos con mayor porcentaje de medidas intramurales. “De 100 delincuentes capturados, 86 quedan con medida de aseguramiento en centro carcelario”, detalló el oficial, enfatizando la importancia de la denuncia ciudadana y la corresponsabilidad social.“Cuando el colombiano denuncia, el Estado asume la responsabilidad de protegerlo”, subrayó Sanabria. La premisa, según el alto oficial, es que la información de las víctimas es el primer insumo para que las autoridades puedan rastrear los flujos económicos y judicializar a quienes, incluso tras las rejas, siguen delinquiendo.Este caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los centros penitenciarios y blindar a la guardia carcelaria frente a los tentáculos de la corrupción. Sin esos cambios estructurales, advierten los investigadores, el negocio de la extorsión desde las prisiones seguirá creciendo y consolidándose como una de las economías ilegales más lucrativas del país.Jesús BlanquicetRedacción Justicia
