El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, se encuentra en el centro de un proceso de indagación que abarca su papel en la financiación electoral de 2022 y las investigaciones internas de la compañía.Recientemente, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto de 80 páginas en el que el delegado Bladimir Cuadro recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar a Roa y otros tres miembros del equipo financiero de campaña. Los documentos indican que se registraron ocultamientos y omisiones en el manejo de recursos.A lo anterior se suma la revelación de documentos que hizo la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que dan cuenta de que la junta directiva de Ecopetrol aprobó un contrato por 5,8 millones de dólares destinado a investigar las acusaciones contra Roa.Ricardo Roa presidente de Ecopetrol. Foto:Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPOEstas acciones institucionales están vinculadas a señalamientos sobre la financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 y su desempeño en la empresa estatal. El expediente ha incrementado las tensiones internas y externas alrededor de su gestión, lo que se traduce en fuertes rumores de su eventual salida de la estatal petrolera, la empresa más importante del país.Ante ese escenario, se ha planteado la posibilidad de trasladar a Roa al Ministerio de Minas y Energía, mientras que Edwin Palma, quien está al frente de esa cartera, podría asumir la presidencia de Ecopetrol.Las movidas terminarían beneficiando a Roa, pues su posible designación como ministro permitiría una pausa a sus procesos en la Fiscalía.Corte Suprema de Justicia Foto:César MelgarejoLa jugada jurídicaUno de ellos es la indagación sobre la presunta financiación de la campaña con fuentes ilegales. Además, de la investigación por su presunta participación en el direccionamiento de contratos a favor de una empresa del sector aéreo.Así las cosas, si llegase a concretar la salida de Roa de Ecopetrol y es nombrado ministro de Minas, sus procesos en Fiscalía pasarían ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, lo investigaría una fiscalía delegada ante el alto tribunal y lo juzgaría la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.En este caso pasaría algo similar como ocurrió con el proceso contra el hoy ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, cuyo proceso penal, por presunto tráfico de influencias en el caso del ‘Carrusel de la contratación’, fue asumido por la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero especial que adquirió al ser designado como alto funcionario del Gobierno.Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto:Ministerio de Minas y EnergíaAhora, por otro lado, la llegada de Palma a la petrolera enfrenta obstáculos legales, ya que Palma debe esperar un año después de haber dejado su cargo ministerial para estar habilitado, según lo estipula la Ley 1952 de 2019.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia:
