En varias de sus intervenciones, el presidente Gustavo Petro ha reitrado el descontrol del sector de seguridad privada al afirmar que Colombia debe reducir al máximo la venta de armas a civiles e insistió que cerca de 60.000 armas autorizadas a empresas de vigilancia están perdidas, un arsenal que “alcanza para armar un ejército” y que ya está matando soldados al evidenciar que “el Estado está creando y potencializando el crimen (…) estamos armando a los criminales”.El más reciente pronunciamiento se produjo en medio de la crisis abierta por los hallazgos en dispositivos incautados a la facción del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias, liderada por ‘Calarcá’. Documentos, chats y correos revelaron que el general Juan Miguel Huertas, reintegrado recientemente al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército, habría propuesto a los disidentes crear una empresa de seguridad privada que les permitiera portar armas, movilizarse en vehículos blindados y obtener, eventualmente, una “salida legal” si fracasaban los diálogos de paz.Mientras el país digiere estas revelaciones, el superintendente de seguridad privada, Larry Álvarez Morales, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que no existe evidencia de que las disidencias hayan logrado infiltrar la entidad. “Tampoco tenemos conocimiento de que se hayan acercado o intentado un acercamiento. La relación que tenemos con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha sido para analizar información y enfrentar la criminalidad en la vigilancia privada”, afirmó.El superintendente de seguridad privada, Larry Álvarez Morales. Foto:CortesíaLa dimensión del sector explica la preocupación, pues 463.000 hombres de seguridad privada operan hoy en Colombia, casi el triple del pie de fuerza policial, que ronda los 185.000 uniformados y hace que el control del armamento en ese universo es un desafío mayúsculo en una Supervigilancia que tiene cerca de 100 funcionarios.Álvarez confirmó que, tras la depuración inicial de la base de datos mencionada por el Presidente, las armas registradas ascienden a 55.000, de las cuales apenas un 10 por ciento se ha verificado físicamente. El proceso es complejo, pues las empresas prestan servicios en todo el país y distribuyen su armamento en varias sedes o contratos, lo que dificulta cotejar en campo cuántas armas realmente están bajo custodia.Las armas de fabricación búlgara halladas en un operativo. Foto:Suministrada.La Fiscalía, por su parte, señaló 96 casos de hechos delictivos en los que podrían estar involucradas armas autorizadas a empresas de vigilancia.“Puede suceder, primero, que la empresa preste sus armas para que estructuras criminales extorsionen o roben. Segundo, también que en algún momento a la empresa le hayan robado el arma, porque eso también pasa. Tercero, puede suceder que el escolta o el vigilante, en un ejercicio personal, haga parte de alguna banda y cometa un crimen usando el arma de dotación que le dieron”, dijo el superintendente.En solo cuatro meses, la Delegada para el Control abrió 1.941 procesos por inconsistencias financieras y 15 investigaciones por posibles vínculos con actividades criminales en Barranquilla, Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali. Varias compañías ya enfrentan medidas cautelares y suspensión temporal de licencias mientras avanzan los procesos administrativos sancionatorios.Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:Ernesto Guzmán/Efe“Ya hay algunas empresas de estas que tienen medidas cautelares, que tienen la licencia sancionada y eso es mientras se surte el proceso administrativo sancionatorio y al final pues eso terminará posiblemente en la cancelación definitiva de la licencia o si en el curso del proceso ellos pueden demostrar que efectivamente no hay nada, pues podrán seguir pues desarrollando sus labores”, dijo el superintendente.Paralelamente, la Superintendencia reactivó más de 2.700 procesos sancionatorios que estaban quietos o caducados. Esto implicará también medidas internas contra funcionarios que no actuaron durante años.Pero la crisis va más allá de la ilegalidad, pues el aparato administrativo colapsó. Según Álvarez, la entidad arrastraba trámites represados desde 2017 y a ello se suma la precariedad tecnológica, pues los sistemas de información para acreditar vigilantes y armas fueron construidos hace años en lenguajes obsoletos, sin interoperabilidad con plataformas actuales. “A veces las empresas ni siquiera pueden subir al sistema un arma aprobada porque el sistema no está parametrizado”, explicó.Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Foto:EL TIEMPOEl caos llegó a tal punto que el año pasado la entidad sufrió un presunto hackeo que paralizó los sistemas. Cuando fueron restablecidos, aparecieron 16 licencias nuevas, tramitadas de un día para otro, que luego debieron ser canceladas. La debilidad tecnológica habría facilitado estas anomalías.Para enfrentar la crisis, la Superintendencia contrató hace dos meses la primera fase de una nueva plataforma tecnológica, cuyo lanzamiento está previsto para marzo o abril del próximo año. Incluirá un gestor documental —que hoy no existe— y permitirá modernizar los trámites y fortalecer la inspección y vigilancia del sector. LEA TAMBIÉN En medio de este diagnóstico, la entidad decidió publicar 2.000 radicados antiguos sin soporte para que los ciudadanos reclamaran sus trámites. “No sabíamos quién los presentó, ni para qué. La gente llevaba uno o dos años esperando respuestas que nunca iban a llegar”, relató Álvarez. Tras un plan de choque, la entidad busca evacuar la totalidad de esos expedientes y avanza en la reducción del represamiento histórico.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: