El miedo a perder la vida por una mina antipersonal es la razón por la que comunidades enteras de la zona rural de Tumaco, Nariño, empezaron a olvidarse de caminos ancestrales que ahora están desolados. Esos mismos caminos, en los que el silencio es tan profundo que ni siquiera se escucha el crujir de una hoja seca y donde la vegetación ha crecido sin freno, son los que un grupo de jóvenes mujeres recorre paso a paso, buscando las trampas explosivas que deja el conflicto armado en Colombia.No es la primera vez que llevan a cabo un trabajo que las enfrenta cada minuto a la muerte. Ya estuvieron desminando en Caquetá, Antioquia, Meta, Bolívar, Norte de Santander y el Huila . Angie Martínez, de 24 años, Dewadhy Zuliem Melo, de 26; Natalia González (26), Yessica Espinosa (28) y Katherine Cárdenas, de 35 años, trabajan con el Consejo Danés para Refugiados (CDR) en Tumaco, el municipio con más coca en Colombia según la ONU (23 hectáreas) y, causa y efecto, también el que tiene más víctimas de minas antipersonal registradas en el país: 407 muertos y mutilados entre 1990 y septiembre de 2025, según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma), la institución que consolida la información oficial sobre ese flagelo en el país. Pero el subregistro puede ser enorme. LEA TAMBIÉN “Nosotros en 2022 tuvimos uno de los momentos más duros que hubo en el territorio. En seis meses llegamos a tener casi 80 mutilados. Cuando se vive esa incertidumbre dentro de la finca, uno no sabe si va a sobrevivir, morir o cómo va a quedar”, dice Martín Cabezas, integrante del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, la zona con mayor número de accidentes por minas en Tumaco.Las comunidades negras y campesinas de esa zona cercana a la frontera con Ecuador saben bien quiénes son los que sembraron esas trampas mortales en cualquier curva del camino, entre las raíces de los árboles o incluso en las orillas de los ríos. Es una tragedia que empezó hace décadas, con el imperio de violencia y narcotráfico que montaron las extintas Farc para proteger las narcosiembras e impedir el avance de las tropas oficiales. Hoy, la marca ‘Farc’ ya no existe pero una de sus disidencias, la columna móvil Daniel Aldana, también conocida como el frente 29. sigue violando el Derecho Internacional Humanitario utilizando minas explosivas no solo para protegerse de sus enemigos, sino para controlar a los habitantes de pueblos donde el Estado o nunca ha llegado y donde, en todo caso, no manda. Y también lo hacen las bandas criminales.Katherine Cárdenas, Natalia González, Dewadhy Zuliem Melo, Angie Martínez y Yessica Espinosa. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.Un equipo periodístico de EL TIEMPO se trasladó hasta el municipio que antes de las Farc, los ‘paras’ y los narcos era llamado la ‘Perla del Pacífico’ y era un destino turístico frecuentado por personas de todo el país. Allá decenas de niños y niñas, mujeres, hombres y animales han caído víctimas de un enemigo que siempre está al acecho; que no se cansa, que no necesita nada para mantenerse por décadas y que está listo para destruir las 24 horas del día. Allá es donde este grupo de mujeres trabaja en Educación en el Riesgo de Minas antipersonal (ERM), estudios no técnicos y tareas de desactivación o neutralización de las minas.“Las estábamos esperando” fue el mensaje con el que recibieron al equipo de desminado humanitario de CDR cuando llegó a Tumaco en septiembre de este año. Aunque muchas personas sueñan con recuperar sus tierras y perder el miedo a vivir en sus propias casas, limpiar el territorio es una labor que toma más del triple del tiempo que se necesitó para minarlo. Pueden pasar más de cuatro años de trabajo continuo sin que se logre, y todo se pierde en días porque los grupos criminales vuelven a sembrar sus trampas de la muerte.Las cinco mujeres que hoy contribuyen a la restitución del uso de la tierra tienen orígenes muy similares a los de las víctimas que ayudan, pues crecieron en contextos en los que el secuestro era una realidad; en la infancia se jugaba con casquillos de balas y finalmente fueron desplazadas de sus veredas.Dewadhy Zuliem Melo de 26 años de edad. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.Un día en el desminadoGenerar lazos de confianza es el primer paso que los equipos deben hacer cuando llegan a un lugar con presencia de minas antipersonal. El grupo contacta a los diferentes consejos comunitarios del municipio y recopila información sobre las alertas y sospechas de la presencia de artefactos explosivos.Marcelo Reyes, gerente de operaciones del programa de Acción contra Minas Colombia del CDR, dice que no es nada fácil lograr esa confianza: las minas las siembran los grupos que mandan en esos territorios y dar información para quitarlas es considerado como una agresión por los que tienen las armas. Sin embargo, deben conseguirlo porque es lo que les brinda protección y la luz verde para empezar a despejar. Alguna vez, en el sur de Bolívar, les dieron 24 horas para irse. LEA TAMBIÉN Parte fundamental en esta misión es educar y romper mitos sobre las minas. “Una quiebrapatas deja de funcionar después de diez años”. “Se activan con un control”. “Se pueden llevar a la casa sin riesgo”. Todo eso lo han escuchado más de una vez en pueblos y veredas. Falsedades que se pasan voz a voz y que cobran vidas. Y ellas saben que las salvan enseñando.En el calor sofocante de Tumaco Natalia González sube sus tarjetas ilustrativas y su computador a una camioneta blanca que lleva el lema ‘Desminado Humanitario’ en un costado. Luego de unos cuantos minutos llega a un salón en el que cerca de 20 personas, incluyendo niños y adultos mayores la esperan. La mujer, de 26 años, cabello negro y lacio, piel trigueña y delgada contextura se para frente a la comunidad con el conocimiento que la acredita como facilitadora de ERM y los recuerdos que la acompañan desde sus primeros días de despeje de minas en Vista Hermosa, Meta, en 2018.Natalia – que en su infancia jugaba con los artefactos explosivos que dejaban los actores armados en su vereda y que posteriormente tuvo que huir con su familia– se encarga de entregar la información necesaria para que las personas comprendan el riesgo y adopten comportamientos seguros.Angie Martínez, Dewhady Zuliem Melo y Yessica Espinosa en ejercicio de despeje. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.“Sabemos que la necesidad es urgente y las comunidades se siguen exponiendo al riesgo de salirse del camino seguro. Incluso los niños corren peligros por coger atajos para llegar más rápido a sus escuelas”, dice.Yessica Espinosa, jefe del equipo técnico e investigadora judicial, de largo cabello castaño, piel blanca y mediana estatura, se encarga del siguiente paso. Nació hace 28 años en Algeciras, Huila, otro municipio que carga las hondas cicatrices de la violencia. Con la información obtenida en las charlas con la gente, hace los mapas para iniciar el marcado de áreas sospechosas.Antes de salir a terreno, Yessica se asegura de que pueda comunicarse con su base si es que surge un problema: lleva radio, GPS, teléfono satelital y un celular. Nada se deja al azar. Recorre veredas acompañada de gente de la zona y busca detalles sobre accidentes con minas, por qué las fincas se ven abandonadas y con quién tiene que hablar para lograr una autorización para iniciar la intervención. LEA TAMBIÉN Ya en terreno, un equipo instala estacas rojas de peligro de metro y medio de altura para marcar los puntos en el terreno. Con cinta métrica en mano, brújula, GPS y pintura en aerosol marcan la zona. Todo queda registrado en fotografías y mapas donde se describe el polígono, la ruta y la evidencia que llevó a catalogar el área como peligrosa. Cuando encuentran un artefacto aislado, lo encierran con estacas y cintas en un cuadrado, registran coordenadas y reportan el caso para que otro equipo venga después a desactivarlo y sacarlo de la zona.A tan solo centímetros de lo que puede ser una mina se puede ver a Dewadhy Zuliem Melo. Nació en 1999 en San José del Fragua, en Caquetá, en pleno apogeo criminal de las Farc. Fue secuestrada a los cuatro años de edad y luego su familia se convirtió en desplazada. A esos recuerdos de violencia se sobrepuso, como sus colegas, trabajando para tratar de que la historia no se repita y se rompa el bucle de la violencia y el miedo. Dewaldhy se levanta cuando el cielo aún no se aclara para poder salir en los vehículos que la llevarán a las zonas minadas.Es ingeniera ambiental y en su menudo cuerpo –1,47 metros de altura y 44 kilos– cabe todo el valor necesario para desafiar un riesgo mortal. Carga un morral que pesa aproximadamente 23 kilos y que al menos mide un metro; llevaotro bolso colgado en su hombro, una careta que cubre su rostro y un detector de metales en su mano. Su jefe revisa el equipo, asigna el carril y se ubica para empezar a desminar, en jornadas que pueden ir desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde.Equipos del Consejo Danés para Refugiados avanzan en el desminado humanitario de Tumaco. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.En el caso de que se encuentre un artefacto, ella marca el carril con una X. Es el momento en el que empieza la labor de Angie Martínez. La joven mujer, con pecas en su rostro, piel trigueña y cabello lacio, que fue desplazada a sus nueve años en la vereda Las Perlas de San José Fragua (Caquetá), acompaña al equipo como auxiliar de enfermería y realiza la eliminación o neutralización de artefactos explosivos.“Podemos encontrar tres tipos de artefactos: las minas antipersonal, que son las que se activan por la presencia o la proximidad de la propia vida; las municiones sin explosionar, que son industriales; y las trampas explosivas artesanales”, explica con suficiencia.Para la neutralización Martínez debe separar los componentes del artefacto. Para esto usan un cañón disruptor cargado con gel, agua o arena y que está conectado a un fósforo eléctrico y una caja receptora que activa el disparo. Deben estar a una distancia de mínimo 50 metros para prevenir riesgos de la explosión, y todo el equipo debe estar protegido, muchas veces detrás de sacos de harina.Una vez ha separado el componente peligroso, usan cargas térmicas para quemar o detonar el artefacto en el sitio y para eliminar los restos del explosivo. Para mover el artefacto sin riesgo utilizan un gancho y cuerda con poleas amarradas que permite jalarlo desde unos 100 metros, detrás de la cobertura que las protege.Tumaco concentra 407 víctimas de minas antipersonal desde 1990. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.’Siembras’ que no cesanTras más de 60 años de conflicto armado, es literalmente imposible saber cuántos artefactos explosivos están sembrados por todo el país. La mejor aproximación se lograr mirando la cantidad de víctimas registradas. Según Aicma en los últimos 35 años hubo 12.623 personas afectadas, y en los primeros nueve meses de 2025 se conocieron 102 casos en el país.En el país, tras décadas de desminado realizado por los batallones de ingenieros de las Fuerzas Militares y las organizaciones humanitarias, ya hay 935 municipios declarados libres de sospecha. Hay 102 que todavía no tienen procesos de desminado humanitario porque allí la guerra no ha parado. Y los grupos criminales no dan tregua: Según datos de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército, seis municipios que se consideraban seguros (Agustín Codazzi, Cesar; Puerto Rico, Caquetá; San Juan de Arama, Meta; y Palmira y Jamundí, en el Valle, volvieron a sentir el terror de las minas antipersonal.“Tumaco es el municipio más afectado desde 2016; casi todas las víctimas son civiles. Sabemos que se siguen instalando artefactos explosivos y el panorama está marcado por un conflicto armado que no cesa. Aunque hay un trabajo que se está haciendo por parte de las organizaciones que se dedican a esto, también existe un impacto muy grande por la reducción de los fondos con los que se hace el desminado humanitario”, dice Paula Ximena Cadena, coordinadora del programa Acción contra Minas del CDR.Alberto Ortiz, sobreviviente de una mina antipersonal. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo.En Colombia hay siete instituciones acreditadas para esta tarea: la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios, la Campaña Colombiana Contra Minas, Humanicemos, The Halo Trust, Federación Handicap International y el Consejo Danés para Refugiados. Todos ellos trabajan con una meta que ya se ve imposible: descontaminar la totalidad del país en 2026, como se ordenó en el Acuerdo de Paz del 2016.Las organizaciones paran sus operaciones por falta de recursos y el conflicto armado sigue dejando más minas y más víctimas.Alberto Ortiz, miembro de la junta de gobierno de Alto Mira Frontera Tumaco y sobreviviente de una mina, no olvida el momento en el que en 2023 la explosión lo levantó del suelo mientras trabajaba en un cultivo de cacao. Lo rescataron miembros de la comunidad y luego fue remitido a dos centros de salud antes de que le amputaran su pierna izquierda. El hombre de la comunidad afro asegura que la primera atención que recibió no basto para salvar su extremidad.En Tumaco, según Paula Cadena, la mayoría de los accidentes ocurren en la frontera con Ecuador por lo que muchas personas optan por buscar atención en el país vecino. A esto se suma que numerosas víctimas enfrentan dificultades para acceder a indemnizacion o prótesis.“Yo era una persona a la que siempre le había gustado trabajar, pero en estos momentos no puedo. Es duro porque mi familia depende de mí. (…) Todavía asisto a los sicólogos porque esto es un trauma muy fuerte, en estos momentos no puedo escuchar un sonido duro”, dice Alberto Ortiz.TATIANA MORENO QUINTEROENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO A TUMACO (NARIÑO)