Por el escándalo de la supuesta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en distintas dependencias del Gobierno, la Fiscalía General ha venido ordenando una serie de inspecciones judiciales que continúan este martes en dos entidades clave. La semana pasada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se dirigieron a las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal del Ejército (Coper), ubicadas en Bogotá. El objetivo de los investigadores fue recopilar información relacionada especialmente al general Juan Miguel Huertas, quien aparece salpicado como uno de los informantes de las disidencias.Huertas dirige el Coper y de acuerdo a los audios que aparecen en dispositivos electrónicos incautados el año pasado a ‘Calarcá’, se habría reunido con emisarios de las disidencias para ofrecerles seguridad, datos sensibles de la inteligencia y hasta la eventual creación de una empresa que les permitiera portar armas de manera legal.El general Juan Miguel Huertas Foto:El general Juan Miguel HuertasEsos señalamientos han sido rechazados por el alto oficial, quien fue suspendido por tres meses de su cargo por parte de la Procuraduría General, mientras se le indaga si cometió alguna conducta disciplinaria que amerite una sanción.”Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales. Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las Farc, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”, escribió Huertas en un comunicado de hace dos semanas.Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la DNI. Foto:Archivo particularEn el ámbito penal, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó impulsar las indagaciones contra Huertas y Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que también habría colaborado con las disidencias. Las inspecciones de este martes están dirigidas al Departamento de Control y Comercio de Armas de las Fuerzas Militares, adonde el pasado viernes acudieron agentes del CTI pero no pudieron hacer sus pesquisas debido a una integración que ya estaba programada con anterioridad. Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoEs por eso que la diligencia empezó en la mañana del 9 de diciembre, de la cual recabarán información para luego analizarla en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, en lo que respecta al fuero del general Huertas. En la tarde se tiene previsto hacer una visita a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene a su cargo otorgar los permisos para que empresas de seguridad puedan adquirir armas de Indumil. Precisamente, en los últimos días el ente acusador identificó que en 96 casos se habrían presentado delitos en los que hay armas de por medio manejadas por empresas de seguridad, las cuales tienen los permisos de la Supervigilancia al día.Calarcá en incautación de dispositivos electrónicos. Foto:Archivo particular.“Puede suceder, primero, que la empresa preste sus armas para que estructuras criminales extorsionen o roben. Segundo, también que en algún momento a la empresa le hayan robado el arma, porque eso también pasa. Tercero, puede suceder que el escolta o el vigilante, en un ejercicio personal, haga parte de alguna banda y cometa un crimen usando el arma de dotación que le dieron”, le dijo a EL TIEMPO Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com