Durante la audiencia de acusación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la Fiscalía sorprendió al solicitar la preclusión parcial ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Fuentes del ente acusador le confirmaron a EL TIEMPO que la decisión se tomó en febrero pasado cuando el equipo delegado ante el alto tribunal asumió el caso y que la fiscal general, Luz Adriana Camargo no estaba enterada.”Luego de una valoración hecha por un equipo de fiscales delegados a la Corte Suprema de Justicia, dependencia que asumió el proceso tan pronto el señor Sanguino fue nombrado ministro de Trabajo, se constató que uno de los eventos investigados había prescrito. Ante esta situación se tomó la decisión expuesta ayer (26 de mayo) en audiencia”, le confirmó a este diario la Fiscalía.Negaron que la fiscal Camargo estuviera al tanto, al asegurar que “los fiscales son autónomos e independientes en sus decisiones y no deben consultarlas” con la cabeza de la entidad. Por eso, explicaron, la solicitud se presentó directamente ante el juez del caso: la Sala de Primera Instancia de la Corte, presidida por el despacho del magistrado ponente Jorge Emilio Caldas.La reversa en la acusación, aseguraron desde la Fiscalía, fue producto de “una valoración que estableció que uno de los dos eventos ilícitos investigados había prescrito y que en el otro debía adecuarse el delito imputado”. Lo que pidió el fiscal Jorge Velásquez fue que se dividiera el proceso por tráfico de influencias en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, en dos hechos distintos, y que no se siguiera tratando como un delito continuado. El primero, por el que se solicitó la preclusión parcial por prescripción, corresponde a una reunión con el exalcalde Samuel Moreno y el secretario de Salud, Héctor Zambrano, en la que Sanguino, entonces concejal de la Alianza Verde, habría negociado el nombramiento de Liliana Paternina como directora del Hospital de Usme.Como ese encuentro se habría dado en el primer trimestre de 2008, ya se cumplió el plazo legal para juzgarlo: 16 años, que es la pena máxima prevista para el delito imputado, con el agravante de haber sido cometido por un servidor público.El segundo evento fue la presunta injerencia de Sanguino con la directora Paternina y el contratista Julio Gómez para direccionar un contrato de obras del hospital y apropiarse ilegalmente del 10 %. Por este hecho la Fiscalía pide “adecuar el delito”.El ‘no’ al aplazamiento y la sorpresiva solicitud durante la audienciaSeis días antes de que se celebrara la audiencia de acusación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por hechos relacionados con el ‘Carrusel de la contratación’, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había negado una solicitud de la Fiscalía que buscaba aplazar la diligencia porque el fiscal del caso se encontraba de vacaciones.La Sala señaló que el fiscal encargado estaba facultado para estar en la diligencia. “No se ofrece ninguna justificación razonable que le impida asistir al señor Fiscal encargado. Por el contrario, el mismo ente acusador, previendo evitar traumatismos en el avance de los procesos a cargo de la Fiscalía 7ª delegada ante esta Corporación, optó por designar reemplazo de quien funge como su titular mientras está disfrutando de su periodo de vacaciones”, indicó el magistrado Jorge Emilio Caldas.El fiscal encargado buscaba que fuera el titular del caso el que hiciera el anunció de la solicitud de la preclusión parcial del proceso que se adelanta contra el ministro de Trabajo.En desarrollo de la diligencia, la Procuraduría respaldó la solicitud presentada por la Fiscalía. La defensa de Sanguino también apoyó la petición de preclusión por prescripción para el primer hecho, pero además presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado, argumentando que la acusación formulada por la Fiscalía no delimita con claridad las fechas de las presuntas reuniones en las que se habría pactado el pago de coimas con el contratista Julio Gómez.Sanguino solo podrá ser juzgado por su eventual presión sobre la gerente del hospital para que el contrato de obras quedara en manos de Julio Gómez, conducta que se habría dado en el 2009 y que también estaría a punto de prescribir. La magistratura indicó que analizará la solicitud y anunciará su decisión en la próxima audiencia.El abogado Felipe Alzate considera que la prescripción, más que un beneficio, es una garantía o derecho constitucional que cobija a cualquier ciudadano y evita que el estado lo mantenga de manera indefinida e interrumpida vinculada a un proceso penal. “Tanto la Fiscalía como la administración de justicia deben someterse a estos plazos de cara a poder judicializar a cualquier ciudadano. No hacerlo indudablemente es una violación al debido proceso y derecho de defensa que debe protegerse con la prescripción”, dijo.Redacción Justicia
