La Sala Penal le pidió a la Sala Civil de la Corte Suprema negar una tutela con la que la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, buscaba frenar su extradición. Para esta instancia, es improcedente el recurso pues su concepto favorable para enviarlo a Estados Unidos por narcotráfico “se ajusta a la normativa aplicable”.En la tutela, el temido capo de la banda criminal ‘La Inmaculada’ pidió a la Corte que se “decrete la suspensión inmediata de cualquier trámite tendiente a su entrega, incluyendo la remisión del expediente al Ministerio de Justicia, la expedición de la resolución final por parte del Gobierno y cualquier diligencia de traslado, custodia o desplazamiento”.La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:CortesíaEl cabecilla calificó como “un perjuicio irremediable” su remisión a una jurisdicción extranjera, específicamente para comparecer a juicio por la comisión de los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Además, consideró vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, así como a la libertad personal.En noviembre pasado, la Corte firmó el concepto de extradición de Marín, quien durante el trámite —y por la serie de amenazas que se desplegaron para intentar amedrentar su envío— fue trasladado a la sala de retenidos Mártires de la Dijín.Finalmente, el pasado 6 de diciembre, un día después de expedirse la resolución con la que se oficializaron los diálogos exploratorios con la banda ‘La Inmaculada’ para su desmantelamiento, el presidente Gustavo Petro estampó su firma en el decreto de extradición de ‘Tuluá’.Con ambos vistos buenos —el de la Corte Suprema y el del Presidente—, la extradición de Marín, quien paga una pena por 46 homicidios y otros crímenes, principalmente en el norte del Valle, tendría que hacerse efectiva. Sin embargo, como última carta interpuso una tutela contra el concepto de la Sala Penal que, por reparto, le correspondió resolver a la Sala Civil.En el trámite de esta acción judicial, EL TIEMPO conoció un concepto de la Sala Penal, firmado por el magistrado Gerson Chaverra, en el que les pide a sus colegas de la Civil declarar improcedente la tutela y defiende su decisión, al considerar que “se ajusta a la normativa aplicable”.Traslado de Pipe Tuluá. Foto:Pipe Tuluá“En el concepto cuestionado se concluyó que los hechos y delitos atribuidos por el país requirente a Andrés Felipe Marín Silva guardan identidad, en el ordenamiento nacional, con las conductas punibles de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y uso, construcción, comercialización y/o tenencia de semisumergibles o sumergibles”, señaló.Y agregó que a la Corte no le corresponde “realizar un examen material” sobre la concurrencia de los elementos estructurales de los delitos atribuidos a Marín Silva, como lo plantea ‘Pipe Tuluá’, pues el trámite de extradición no está concebido como un escenario para adelantar juicios de fondo sobre la materialidad de las conductas punibles, la responsabilidad del requerido ni la validez o suficiencia de las pruebas que sustentan la solicitud. Esos aspectos, subrayó, deben proponerse y debatirse ante la autoridad judicial extranjera.El exgobernador habla sobre lo que viene en su campaña. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia