Transición Ecológica acusa a las comunidades de no vigilar la instalación de puntos de recarga en gasolineras | Clima y Medio Ambiente

El Ministerio para la Transición Ecológica acusa a las comunidades autónomas de no vigilar convenientemente y no ofrecer información sobre la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en gasolineras, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Ley de Cambio Climático obliga a unas 1.000 estaciones de servicio —las que más venden— a contar con cargadores, pero son las autonomías las encargadas de controlarlo y comunicárselo al ministerio, algo que no están haciendo, por lo que no hay datos oficiales. La falta de estas instalaciones es uno de los motivos que frena la venta de los vehículos cero emisiones en España. Un recuento de EL PAÍS constata que cerca de un millar de gasolineras disponen ya de cargadores, pero no son necesariamente las que están obligadas por ley a tenerlos. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética señala que las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 150 kilovatios (kW), es decir, de carga ultrarrápida. En España hay alrededor de 200 que cumplen estas características. Además, las estaciones de servicio con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 tendrán que instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 50 kW, es decir, de carga rápida. Estos mismos requisitos afectan a las gasolineras con ventas inferiores a cinco millones de litros, pero que lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas en que se hallen, siempre que no haya gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros. Más de 800 gasolineras están incluidas en ambos grupos. En total, son un millar las estaciones de servicio que deberían contar ya con un cargador —una pequeña parte de las alrededor de 12.000 que hay—. Sin embargo, no hay datos oficiales de cuántas de ellas lo han hecho por ahora, tal y como quedó patente en las últimas reuniones tanto de la Conferencia Sectorial de Energía como del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE) —que monitoriza el despliegue de estas infraestructuras—, celebradas hace mes y medio.Un hombre carga su coche eléctrico en un punto de recarga situado en una gasolinera Repsol, en una imagen cedida por la empresa.Sin embargo, un recuento de EL PAÍS con datos de las principales petroleras muestra que Repsol dispone ya de 915 gasolineras en las que ha instalado 975 puntos de recarga (y tiene otros 450 pendientes de enchufar a la red). Moeve (antigua Cepsa) tiene cubiertas 70 gasolineras españolas con 220 puntos operativos (y otros 200 a la espera de conexión). BP lo ha hecho en un centenar de estaciones de servicio, donde ofrece 234 puntos de carga ultrarrápida. Sumando las tres, hay alrededor de 1.100 gasolineras con cargadores —aunque no tienen por qué ser las mismas que exige la norma—.Tras la celebración de la conferencia, el ministerio de Sara Aagesen envió entonces un documento a las comunidades, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde les recuerda que no están haciendo su parte en cuanto al cumplimiento de la ley en este sentido. “Las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para controlar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados (instalaciones de suministro de combustibles y carburantes) con un determinado nivel de ventas”, señala el texto.Punto de recarga con dos cargadores para coches eléctricos en una gasolinera Moeve, en una imagen cedida por la empresa.“Las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla remitirán al ministerio un informe dando cuenta del cumplimiento por parte de los sujetos obligados”, añade. Pero en 2023 tan solo enviaron dichos documentos Navarra y Castilla y León. Y, en cualquier caso, ninguna comunidad ni ciudad autónoma ha enviado los documentos acreditativos sobre puntos de recarga a que obliga la ley de cambio climático. La norma señala que las estaciones pueden optar por instalar un punto de recarga propio o encargárselo a un tercero, siempre que se ubique dentro de las instalaciones de suministro de combustible y carburante, o en los terrenos adyacentes, a una distancia máxima de 300 metros. InspeccionesAdemás, insta a las autonomías a impulsar la inspección de los cargadores en estaciones de servicio, a revisar los puntos de recarga en aparcamientos —el Código Técnico de la Edificación exige uno por cada 40 plazas en los aparcamientos—, y a estudiar la habilitación de las distribuidoras para que puedan ejecutar las conexiones de la infraestructura de recarga bajo la modalidad de comunicación previa, lo que facilita los pasos. “Las estaciones de servicio están desplegando cada vez más puntos de recarga, siguiendo con la obligación legal”, apunta un portavoz de la patronal Aedive. “Tenemos constancia de que algunas comunidades autónomas han realizado inspecciones puntuales, si bien no hay un ánimo sancionador por el momento en estas actuaciones y sí de concienciación”, prosigue.Las comunidades también son las encargadas de repartir las ayudas establecidas por el ministerio para la instalación de puntos de recarga en domicilios, que pueden cubrir hasta el 70% del coste gracias al nuevo Moves III. Mientras, el departamento de Sara Aagesen publicó hace unas semanas el Mapa REVE, con información a tiempo real de más de 25.000 puntos de recarga pública, y prepara nuevos programas de apoyo, como un nuevo Moves Corredores, para fomentar la recarga rápida en las principales vías del país.La patronal Aedive señala que la red de infraestructuras de recarga de acceso público operativas en España llega a los 43.559 puntos a 31 de marzo. En el primer trimestre de 2025 se han instalado y puesto en marcha 3.121 puntos de recarga de acceso público, con una media de más de 1.000 equipos operativos al mes. “Creemos que es un ritmo de despliegue muy notable. Entendemos por ello que la red de recarga pública hoy en día es más que suficiente para cubrir las necesidades del parque eléctrico actual, ya que tiene una tasa de ocupación media del 5% o menos”, señalan.