Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno tendrá que garantizar los recursos con los que se van a pagar los subsidios de energía y gas de hogares 1, 2 y 3 en lo que resta del año, los cuales no han sido asegurados por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.El fallo resalta que ese dinero tendrá que asegurarse en máximo 10 días una vez el Ejecutivo sea notificado, tarea a la que deberá sumar la presentación mensual de informes en los que se constate que se les están pagando esos subsidios a las comercializadoras de energía, las perjudicadas con estas demoras.Con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, la Sección Primera les solicitó a todas las partes intervinientes en este proceso, que nació a raíz de una acción de cumplimiento de la Fundación para el Estado de Derecho, que dieran su postura frente a la situación. Al revisarlas, determinó que el Gobierno no pudo demostrar que estén presupuestados esos dineros, y por ende está incumpliendo el artículo 3, literal g, y parágrafo de la Ley 143 de 1994, que fijó el marco regulatorio para el sector eléctrico.Para la Procuraduría General de la Nación, ese incumplimiento a las comercializadoras podría llevar a que se incrementaran los precios de las facturas, en el caso más extremo, hasta del 150 por ciento o incluso desencadenar una suspensión del servicio. “Es importante poner de presente que para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios a fin de cubrir los subsidios asociados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas es necesario el concurso, coordinación y articulación de los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público”, alegó el ente de control.Subsidios de energía. Foto:ENERGIACon la acción, la Fundación buscaba que se ordenara al Gobierno el desembolso de los millonarios recursos adeudados por cuenta de los subsidios para estratos 1, 2 y 3, sin embargo el Tribunal determinó que lo que podía hacer era pedir que se asegure el pago. Los sectores de electricidad y gas natural del país, al inicio de este proceso, alegaron que se les adeudaban más de 2 billones de pesos, aunque a lo largo de este año se pusieron al día con los recursos de 2024. Ahora, la preocupación persiste por asegurar la plata de las vigencias 2025 y 2026. Tribunales de Bogotá y de Cundinamarca Foto:Carlos López/El Tiempo”Con base en los montos de subsidios que ya los prestadores han aplicado a los usuarios, al 31 de mayo de este año la Nación les adeuda a las empresas una suma cercana a 1,5 billones de pesos para energía eléctrica, 550 mil millones de pesos para gas por red y 47 mil millones para GLP en cilindros”, explicaron hace poco gremios como Andesco, dirigido por Camilo Sánchez.La decisión puede ser apelada por los ministerios para que el Consejo de Estado se pronuncie en segunda instancia. Este primer fallo ya produjo la reacción de la Fundación para el Estado de Derecho. Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet”La sentencia advierte que no basta con incluir recursos en el Presupuesto General: el Estado debe garantizar su ejecución de forma real, oportuna y transparente, especialmente cuando está en juego el acceso a servicios esenciales como la energía y el gasto. No cumplir con estos pagos puede provocar aumentos en las tarifas, interrupciones en el servicio y un agravamiento de las desigualdades sociales”, concluyó la Fundación.Carlos López – Justicia – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com
